El Servicio Penitenciario Federal (SPF) tomó distancia de la polémica instalada a raíz de una información que refería a la nómina de detenidos cursada por la dependencia a la Justicia en la que está incluido, entre otros, el represor Alfredo Astiz. "Se trata de un listado meramente informativo y bajo ningún punto de vista implica que los incluidos hayan solicitado beneficio alguno o puedan acceder a ellos sin mediar resolución de cada juzgado interviniente, que son los que determinan y otorgan los beneficios a los presos", sostuvo el titular del SPF Emiliano Blanco en diálogo con Ámbito Financiero.
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Luego de las críticas al Gobierno de Mauricio Macri por el informe que detalló los nombres de quiénes estarían en condiciones de dejar la cárcel, y que incluyó a represores de la última dictadura cívico militar, el responsable del SPF subrayó que "en ningún caso otorga libertades de tipo alguno".
La máxima autoridad del organismo detalló que en 2016 "se efectúo un diagnóstico situacional completo" de los detenidos que "podrían ser evaluados para el acceder a los distintos institutos previstos por ley y reconocidos por los organismos internacionales". "Esta imagen objetiva y universal es meramente informativa, pues el Poder Judicial debe considerar cada caso concreto de manera individual (es decir, a cada interno), y la administración penitenciaria, a través de un equipo multidisciplinario, debe también de manera individual efectuar un análisis y evaluación -tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución", explicó. Y remarcó que "es el Poder Judicial quien determina y otorga los beneficios de egreso anticipado y libertades por vencimiento de la condena a las personas que se encuentran detenidas, y también quien determina las personas que se incorporan al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica".
Desde la institución aclararon que trabajan mensualmente en la confección de un informe con la cantidad de internos tanto procesados (63 por ciento) como condenados que "de manera objetiva podrían ser evaluados para el acceder a los distintos institutos previstos por ley y reconocidos por los organismos internacionales".
En ese sentido, agregó que "se incluyeron además de quienes se encuentran temporalmente para ser tratados bajo la figura de egreso anticipado, aquellos internos extranjeros que representan el 25 por ciento de la población penal del SPF, consignando que 800 de ellos podrían ser evaluados para su oportuna expulsión".
"En lo concerniente a los colectivos específicos, que representan un promedio de 25 por ciento, que incluye a madres alojadas con hijos menores a 4 años, embarazadas, integrantes del colectivo LGTBI, enfermos terminales, discapacitados y un 6 por ciento para internos mayores de 70 años", agregó el Servicio Penitenciario Federal.
Además de Astiz -que padece cáncer en estadío terminal y cuya inclusión en el informe generó el repudio de los organismos de derechos humanos y de sectores políticos- en la lista de potenciales liberados se encuentran condenados por delitos graves y también represores que cumplen sentencia por delitos de lesa humanidad, como Jorge "El Tigre" Acosta, Julio "Turco Julián" Simón, Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda, además del integrante del "Clan Puccio", Guillermo Fernández Laborda, y otros condenados por narcotráfico, homicidios, violaciones y abusos.
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