Sta. Fe: se habla de ‘‘reforma urgente­­’’ de la Constitución

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Santa Fe - La necesidad de una reforma constitucional que permita revertir las desprolijidades y las asimetrías vigentes se ha instalado ya como un debate urgente en la sociedad santafesina.

Abogados, constitucionalistas, políticos, profesores y analistas avanzaron en los últimos días en una serie de interesantes propuestas. Veamos algunas de ellas:

c Ana María Raggio, licenciada en Ciencia Política y profesora adjunta de Derecho Político en la Universidad Nacional de Rosario, recuerda en su trabajo: «La esperada reforma constitucional en Santa Fe», que «en noviembre de 2004 se logró la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo que anulaba la Ley de Lemas, la misma dejaba de ser el sistema electoral nacido en 1990, altamente criticado por todos los sectores opuestos al Gobierno provincial justicialista, por su falta de legitimidad. Sin embargo -agrega-, el cambio de sistema electoral no soluciona plenamente el problema de la crisis de representación; sería ilusorio pensar que el mismo por sí solo puede saldar las deudas del sistema político con la ciudadanía.

La reforma de cualquier Constitución debe ser producto del acuerdo, dado su carácter permanente».


«Nuestra Constitución data de 1962 y es por ello que se hace necesario adaptar sus contenidos a los postulados de la Constitución nacional, sobre todo en materia de nuevos derechos y garantías, incorporación de institutos que son hoy insoslayables en las modelos contemporáneos de derecho constitucional», considera Raggio.

Para la especialista, existe una grave carencia de participación democrática que exige, por lo tanto, una reforma del Poder Legislativo reduciendo las dos Cámaras a una sola. «Las provincias mantuvieron la estructura legislativa de acuerdo con el ordenamiento del poder federal, que expresa la Constitución nacional, pero no están obligadas a reproducir el bicameralismo federal porque en ellas no se repite la misma estructura», explica Raggio.

La otra propuesta es otorgar mayor autonomía a los municipios. «La carta magna provincial no reconoce la autonomía municipal, dentro del contexto de crisis de la democracia constitucional en nuestro ordenamiento interno, desde una perspectiva institucionalista, es necesario reconsiderar el rol de las autonomías municipales», subraya.

«La futura reforma constitucional debe tender a eliminar asimetrías, resguardar los principios y procurar la eficacia de las normas constitucionales en especial aquellas que he intentado resumir en este trabajo, las cuales pretenden facilitar el desarrollo de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia representativa. Éste es el gran desafío», finaliza el análisis de la Raggio.

Desde el punto de vista político, la diputada nacional Verónica Benas y su par provincial, Antonio Riestra (ambos del partido PARES), realizaron un profundo estudio que titularon «Reformar la Constitución para respetar el voto». En él, por ejemplo, recuerdan que «las últimas elecciones generales en la provincia de Santa Fe han desatado un debate que pone en evidencia la necesidad y urgencia de la reforma de la Constitución provincial del año 1962, para adecuarla a la reforma constitucional de 1994, asegurar los derechos de nueva generación, y hacerla más republicana y democrática en cuanto a la representación ciudadana».

«En Santa Fe por imperio de la actual Constitución se consagra la mayoría automática en Diputados, concediendo 28 de las 50 bancas al partido que gana, aunque sea por un solo voto. Es evidente que este sistema artificial de construcción de mayorías no respeta la proporcionalidad y burla el criterio republicano. Se pretendió en su momento atar el Poder Legislativo al Ejecutivo para asegurar gobernabilidad, pero vemos que se logra todo lo contrario», afirman. «Pero lo más grave -destacan- es que este criterio está a contramano de la voluntad popular expresada mediante el voto».

«Por esto creemos que es absolutamente injusto que quien obtuvo 60.000 votos no tenga representación en la Cámara de Diputados», aseguran.

«Nuestro partido denuncia el fuerte contenido corporativo y antidemocrático de estas exigencias y repudia la proscripción política que se pretende esconder en la presente legislación que deberá ser modificada cuando fuerzas comprometidas con la democracia participativa y la transparencia alcancen relevancia en el Congreso nacional y en las cámaras legislativas de nuestra provincia», concluyen.

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