Subtes: Macri tensó más pelea con recurso ante la Justicia

Mauricio Macri

Mauricio Macri reavivó el fuego en la puja con el Gobierno nacional por los subterráneos al replicar una intimación pública que el kirchnerismo le hizo ayer mismo, con una presentación judicial para pedir la suspensión de la transferencia, en la que acusa a la administración kirchnerista de poner en riesgo el servicio y «la seguridad de los usuarios». Tal como anticipó ayer este diario, el PRO ya tenía lista una carpeta con un menú de alternativas jurídicas, tanto para responder a una eventual presentación del Gobierno nacional como para iniciar acciones propias, que es lo que sucedió.

Al mismo tiempo, el PRO considera que el resultado en adhesiones no favorece a su líder, y analiza que el rechazo a aceptar la transferencia del control del transporte porteño no redundó a favor del jefe de la Capital Federal.

Por eso mismo, tanto Macri como María Eugenia Vidal (ver nota aparte) modificaron algo su discurso dando a entender que podrían rever su postura, aunque con fuertes condicionamientos al Gobierno nacional.

Ayer primero salió el ministro Julio De Vido con una carta de respuesta a la que había enviado el jefe porteño la semana pasada dando por suspendido el trámite de transferencia del control del subte que selló un acta acuerdo el 3 de enero pasado. En la cláusula segunda de ese documento Macri aceptó «el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad» y el «íntegro ejercicio de la potestad para fijar las tarifas». En la tercera, el Gobierno nacional ofreció $ 360 millones anuales como subsidio a la tarifa, pero si «se verifican reducciones de necesidades de subsidio, los remanentes» serán para inversiones. Ese punto es importante porque Macri, en la presentación en el Fuero Contencioso Federal, alude a un presunto incumplimiento por parte de De Vido en ese sentido.

El ministro de Planificación, en su carta, expresó que intimaba «formalmente, y con la inmediatez que la prestación del servicio público requiere, a cumplimentar todas las obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», de acuerdo con el acta de enero.

«En primer lugar, se deja expresamente asentado que la transferencia de los servicios ya se ha perfeccionado» -continúa- y señala como «ilegítima, irrazonable y arbitraria» la nota de Macri rechazando la transferencia. Remarca además que «se ha dado cumplimiento en forma total, cabal y estricta» a las obligaciones a cargo del Ejecutivo nacional y «en consecuencia se rechazan todas y cada una de las pretendidas imputaciones, cuyo alcance, por su vaguedad, no surgen claros del contexto de su nota».

«La torpeza en el ejercicio de la función administrativa -que puede advertirse en un discurso o declaración mediática- no es oponible cuando se trata del Estado o de los hombres que son investidos como funcionarios o servidores públicos, por el voto popular», siguió De Vido para rematar con que «le corresponde a ese Gobierno (porteño) cumplir con la manda constitucional que lo obliga a tutelar el servicio de transporte».

«Y si no fuera así -afirma De Vido- existen en el Estado de Derecho, como el nuestro, vías parlamentarias o judiciales, para acudir frente a la incertidumbre que le aqueja al jefe de Gobierno sobre el alcance de sus actos propios».

Y así Macri se anticipó con un escrito de más de 20 páginas en el que solicita a la Justicia «que disponga como medida de no innovar y se ordene» al Estado nacional «que se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia» de los subterráneos porteños «hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas» por el Gobierno. Ahí señala el pago del subsidio y las cuestiones legales pendientes para formalizar la transferencia. Para esos asuntos, en la cláusula quinta del acta acuerdo se estipularon 90 días.

Macri alude a una resolución (la 10 del Ministerio de Planificación, del 26 de enero pasado) en la cual De Vido dispone que se abra una cuenta en el Banco Nación para depositar los excedentes de los subsidios. El ministerio contabilizaría que el aumento de la tarifa de $ 1,10 a $ 2,50 que dispuso el Gobierno porteño reduce la necesidad de esa ayuda y decide separar el remanente para volcarlo en obras, como dice el acta acuerdo que firmó con Macri. Para el jefe porteño, el aumento cubriría su parte del subsidio exclusivamente. Dice la presentación ante los jueces que con esa resolución el Gobierno nacional «incumplió» el artículo tercero ya que supone «la eliminación de todo subsidio a cargo del Estado nacional».

«Es claro que el Gobierno nacional asume actitudes y adopta resoluciones que no son las que se acordaron para concluir la transferencia del servicio, todo lo contrario, apuntan a que éste no se concrete en las condiciones actuales poniendo en grave riesgo la operación del servicio y la seguridad de los usuarios», dice el escrito que presentó Macri a través de la Procuración porteña. Luego pide que se decrete una medida cautelar hasta tanto no se cumplan la cláusula tercera y la quinta del documento que firmó.

También refiere Macri a la quita de la Policía Federal en las estaciones de subte y considera que toda la cuestión es «avasallamiento» sobre la autonomía de la Ciudad.

Como sea, el caso ya llegó a los Tribunales y no por vía de la Corte Suprema, como amagó el Gobierno, ya que ese camino no sería el correcto; mientras en el macrismo ensayan cómo salir del atolladero y finalmente aceptar el desafío (ver nota aparte).