Subtes: sigue paro, y la Policía puede desalojar a activistas

Mauricio Macri

Los activistas que desde el viernes 3 de agosto pasado comenzaron a paralizar el servicio de subterráneos por demandas de paritarias aflojaron ayer las condiciones para negociar el levantamiento de la medida, pero emplazaron al Gobierno porteño hasta la medianoche para una nueva negociación. A la vez, la empresa concesionaria de los subtes denunció ante la fiscalía porteña la toma de estaciones y vagones por parte de los gremialistas, lo que podría provocar la intervención policial para un desalojo. Es que está dispuesta una conciliación obligatoria que los «metrodelegados» no cumplen. Los funcionarios macristas se movilizaron ante el anuncio de un nuevo pedido de reunión que se conoció ayer por la tarde, pero la negociación se hacía imposible: los «metrodelegados» que llevan adelante la protesta no cuentan con personería gremial, mientras que el otro sindicato del sector (que no adhirió al paro), la UTA, que sí la tiene, ya firmó el viernes pasado un acuerdo por un 23% de aumento para cuando la concesionaria Metrovías dispusiera de fondos. Además, en ese acta las partes manifestaron que le compete al Ministerio de Trabajo de la Nación intervenir y ya le enviaron ese pedido a Carlos Tomada.

Polémica

De esa manera, desde Metrovías indicaron que solamente podrían volver a reunirse si fueran convocados por Trabajo y con la asistencia de la UTA, que es la que está en condiciones de firmar. La guerra entre los dos sectores con representación gremial se suma a la polémica por la transferencia de los subtes a la órbita de Mauricio Macri y a los reclamos de paritarias.

En los despachos del palacio municipal se extendió por más de dos horas una reunión para analizar la oferta, de la cual participaron el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y, entre otros, el secretario de Comunicación, Miguel de Godoy. Allí el abogado explicó que la Subsecretaría de Trabajo porteña ya había concluido con su intervención por obligación de la Justicia y que no podría volver a convocar.

Sólo la decisión de los «metrodelegados» de levantar el paro por el desgaste y las consecuencias que la medida comenzó a provocarles hacía ver la posibilidad de que hoy se reanudara el servicio.

El llamado de ayer, de los activistas pidiendo otra instancia para levantar el paro del transporte, llegó después de que el jueves pasado se truncara una larga negociación a la que convocó el Gobierno de Mauricio Macri obligado por la jueza en lo Contencioso y Administrativo Patricia López Vergara.

Ante la falta de acuerdo, la Subsecretaría de Trabajo porteña, a cargo de Ezequiel Sabor, dispuso la conciliación obligatoria, pero los activistas no la acataron y el paro continuó durante el viernes y el fin de semana. Mientras tanto, el Gobierno macrista determinó multar a los gremialistas conocidos como «metrodelegados» con cerca de $ 5 millones por desobedecer.

La puja ventiló, además, la pelea entre gremios que mantienen los «metrodelegados» que aún no cuentan con la personería gremial contra la UTA, que sí cumple esa formalidad, pero tiene poca representación dentro del sector. Ese gremio se enfrentó con los «metrodelegados» y firmó un acuerdo con la concesionaria Metrovías que la agrupación que dispuso la parálisis del transporte también desconoce.

«La solución está en manos de Macri y de la empresa Metrovías», afirmaron los «metrodelegados» al dar el anuncio sobre que esperarían hasta la medianoche.

Por la tarde, los «metrodelegados» volvieron a decir, en una conferencia de prensa, que rechazaban la conciliación obligatoria dispuesta por la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño, pero también que dejaban de lado la demanda por aumentos salariales a cambio de firmar un acuerdo por mejoras en las condiciones de trabajo.

Macri reforzó la embestida contra los «metrodelegados» disponiendo, además, una multa de cerca de $ 5 millones a la agrupación, por no acatar la conciliación. En ese sentido, los activistas amenazaron con denunciar al jefe de Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por «violentar el derecho a huelga».

El abogado de los gremialistas consideró que la conciliación era «ilegal» porque «la Subsecretaría de Trabajo que la dictó es incompetente a este conflicto».

En la misma jornada, Macri dijo que al conflicto del subte «no le veo salida hacia adelante, porque es imposible que la Ciudad financie miles y miles de millones de pesos» para este transporte.

«Es imposible asegurarle esto a la gente», consideró el jefe porteño y reiteró que «prefiero que la gente no viaje en subte a que tenga un accidente viajando».

«Cuando tenga capacidad de decirle a la gente acá tengo un plan, que en este tiempo voy a poner el subterráneo en un estándar de seguridad internacional y va a poder operar, ahí vamos a poder empezar una tarea, como hicimos con el Maldonado (arroyo), que va a llevar tres o cuatro años», explicó Macri ante las radios.

«Metrovías sigue teniendo el contrato de concesión con la Nación» -insistió Macri- y dijo que para el traspaso «hacen falta meses de negociación y repasar deudas y temas técnicos y legales».