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Sumó Berlusconi a Italia a los países del ajuste
Asistió Berlusconi a la sesión del Parlamento que aprobó el recorte económico. No faltó la polémica.
El texto de la norma fue aprobado con 321 votos a favor, 270 en contra y cuatro abstenciones. A la vez, la Cámara baja confirmó su confianza en el ejecutivo, por 329 a favor y 275 en contra. La votación generó también un fuerte impacto político. Berlusconi lleva meses inmerso en un conflicto abierto con Gianfranco Fini, el presidente de la Cámara baja y cofundador de su partido Pueblo de la Libertad, que votó en contra de la ley. Este conflicto llevó a especulaciones de que su Gobierno podría caer mucho antes de que finalice su mandato en 2013.
En la reunión del órgano ejecutivo del PdL ayer se aprobó un documento en el que se acusa a Fini de haber adoptado, junto con sus seguidores, «un perfil político de oposición al Gobierno, al partido y a la persona del presidente del Consejo». Esto se manifestó «con una crítica demoledora de las decisiones tomadas por el partido», así como «un ataque sistemático y directo al papel y a la figura del presidente del Consejo».
Nueva etapa
El Gobierno de Berlusconi entró así en una nueva etapa. Luego de España, Gran Bretaña, Portugal y Grecia, Italia se une a otros países europeos en su objetivo de reducir su déficit público y relanzar sus economías, y lo hacen con ajustes de corte ultraliberal que generan protestas, manifestaciones y huelgas. Entre las principales novedades del paquete de medidas se encuentra el bloqueo de los sueldos de los empleados públicos, la reforma de las jubilaciones y recortes de gastos para las regiones, las provincias y los municipios. Asimismo, se prevé la reducción de los sueldos de los cargos ejecutivos, una lucha reforzada contra la evasión fiscal y recortes en los ministerios y en los costos de la política: los legisladores, por ejemplo, perderán unos mil euros de su sueldo neto.
En cuanto a las entradas, el decreto ley dispone aumentos de los peajes en las autopistas, entre otras medidas. La lucha contra la evasión fiscal y el recorte del gasto público constituyen dos de los ejes principales del plan.
Las medidas son consideradas impopulares en los segmentos afectados -los diplomáticos italianos llegaron a convocar a una huelga, algo muy poco frecuente-, pero Berlusconi los definió como «sacrificios necesarios».
El decreto ley había sido aprobado por el Ejecutivo cuando la zona euro estaba sacudida por el riesgo de contagio de las crisis griega, apuntando a tranquilizar a los inversores sobre la solidez financiera de Italia, país que tiene una deuda externa que representa el 118,4% de su PBI.
Las medidas del plan también contemplan: el congelamiento de los sueldos de los funcionarios a partir de este año, que se extenderá hasta 2013; el atraso en el acceso a la jubilación, el endurecimiento de los requisitos necesarios para las pensiones de invalidez, recortes en la financiación de los partidos y ministerios, un aumento de los impuestos sobre las «stock-options» (derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías) y un recorte del 5% al 10% de los sueldos de entre 90 y 130 mil euros.
El objetivo de este decreto ley promovido es llevar el déficit público, que se prevé que en 2010 se sitúe en un 5% del PBI, para alcanzar en 2012 un nivel inferior al 3%, límite fijado por los parámetros del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
En las últimas semanas tuvieron lugar numerosas manifestaciones de protesta, como la jornada de huelga convocada por la Confederación General de los Trabajadores Italianos (CGIL, principal central gremial del país, de origen comunista) el pasado 25 de junio, en la que cientos de miles de personas salieron a la calle para oponerse al plan de austeridad.
El Gobierno de Berlusconi también tuvo un duro choque con las regiones, incluyendo las gobernadas por la mayoría oficialista, contrarias a la aplicación de los recortes que las afectan, que ascienden a unos 8.500 millones de euros.