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Suspenderían a 900 petroleros en Chubut
Jorge Ávila
La CEOPE venía advirtiendo sobre esta posibilidad desde febrero, cuando llegó a un acuerdo para aplicar el mecanismo con el sindicato de petroleros de Neuquén, La Pampa y Río Negro que preside Guillermo Pereyra. La entidad pretendía llegar a lo mismo en Chubut, pero al no lograrlo finalmente presentó el pedido sin ese respaldo, lo que está permitido en la legislación.
Lo llamativo es que la solicitud de la CEOPE se conoció un día después de que YPF, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol firmaron un acuerdo con los ministros de Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren, el gobernador de Chubut , Mario Das Neves, y el dirigente sindical Jorge Ávila. Por esa especie de convenio, las compañías se comprometieron a mantener la actividad en el Golfo de San Jorge (sur de Chubut y norte de Santa Cruz), y el Gobierno nacional aseguró que pagarán la deuda que mantienen con las petroleras por los programas de estímulo a la producción de la administración anterior.
La deuda, que se abonará en bonos, oscila entre u$s 1.300 y u$s 2.000 millones, incluyendo la generada por el programa gas plus, el incentivo a la producción adicional de petróleo durante 2015 y por mantener el volumen de exportación de crudo durante ese año. También contemplaría una deuda por el aliciente a exportar desde los puertos patagónicas según un decreto firmado por Cristina de Kirchner poco antes de dejar la presidencia.
PAE habría asegurado que , tras el pago de esa deuda, pondría en marcha 10 equipos, mientras Tecpetrol sumaría 2 e YPF garantizó la actividad. "Es una provocación de la CEOPE por 10 equipos que van a quedar parados tras el acuerdo, no se puede justificar un procedimiento de crisis. Ya lo hicieron en Neuquén y ahora lo quieren hacer en Chubut", dijo Ávila.
Según el sindicalista, unos 900 trabajadores serían afectados directamente si se aprueba el procedimiento pedido por las empresas de servicios. En tanto, desde febrero Chubut viene reclamando la incorporación de equipos por parte de las petroleras que obtuvieron un adicional de u$s 7 por cada barril exportado desde enero, y luego atribuyeron la menor actividad a la deuda del Estado que ahora debería quedar saldada.


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