Techint y Chávez, sin acuerdo por Sidor

Paolo Rocca

El principio de acuerdo al que habían llegado el Grupo Techint y Hugo Chávez por la expropiada Sidor podría fracasar, no por la voluntad de las partes sino por las indudables dificultades financieras que enfrentará el régimen bolivariano ante la abrupta caída del precio del petróleo.

El presidente venezolano con pretensiones de perpetuidad había anunciado la semana última que existía un «principio de acuerdo» con Techint. Dado que el grupo que comanda Paolo Rocca no desmintió la aseveración de Chávez, se entendió que el Estado venezolano aceptaba acercarse a los casi u$s 2.000 millones en que valuó su participación de 60% en la siderúrgica. El precio final se acercaría -según versiones llegadas desde Caracas- a los u$s 1.700 millones.

Sin embargo, el desplome de la cotización del crudo hace casi impensable que hoy Chávez pueda desembolsar una suma semejante; por eso, lo último que se supo al respecto fue su afirmación de que, si bien el acuerdo estaba cerca, aún faltaban definir «detalles» como los plazos de pago.

Lejos quedaron entonces los días en que Chávez sostenía que a Techint no le correspondía ni un dólar por su parte en Sidor. La amenaza del holding argentino de acudir al CIADI (tribunal del Banco Mundial donde se zanjan diferencias entre Estados y empresas privadas) pareció haber surtido efecto.

«No hay novedades; si el presidente Chávez dijo que había un principio de acuerdo, no hay por qué dudar de su palabra. Se está en plena negociación pero por ahora no tenemos nada que anunciar», dijo a este diario una alta fuente de Techint.

Mientras tanto, según reflejan los medios venezolanos, con Sidor está pasando lo que todo el mundo preveía: en manos de funcionarios públicos y de sindicalistas, la empresa comenzó a sufrir los efectos de la estatización en las pérdidas que ya muestran sus balances, la baja en la productividad de sus operarios y hasta en la multiplicación de los accidentes de trabajo que se producen en su planta.

El viernes último, Ternium -la división de Techint de la que dependía Sidor- emitió un comunicado rechazando afirmaciones del interventor colocado por Chávez de que el grupo argentino había « manipulado las cuentas» de la siderúrgica local y también le atribuyó responsabilidades por los fuertes resultados negativos del tercer trimestre del año.

Responsabilidad

El comunicado de Ternium dice que «los resultados del tercer trimestre y la ausencia de excedentes de caja para distribuir a sus beneficiarios directos e indirectos, entre ellos los accionistas clase B de Sidor, es única y exclusivamente atribuible a la actual gerencia de Sidor y a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) (estatal)».

Agrega, para fundamentar su posición, que «desde el 12 de julio la CVG ha asumido la total y exclusiva responsabilidad por el control de las operaciones de Sidor». La CGV fue creada por el chavismo exclusivamente para manejar Sidor, que tomó el control de la compañía en abril de este año.

Sin embargo, con ser grave, el tema de los resultados económicos de la estatizada siderúrgica no es lo más dramático: en las últimas semanas, bajo la conducción del sindicato SUTISS -verdadera punta de lanza de la ofensiva desarrollada por el chavismo contra Techint- y de la CGV se produjeron tres muertes por accidentes laborales.

Promesa incumplida

Además, se registraron protestas de empleados contratados, que se quejan de que el gobierno no cumplió con su promesa de incorporarlos a la planta permanente de Sidor. Este fue uno de los argumentos usados por el chavismo para expropiar la empresa; en todo momento Techint sostuvo que era financieramente inviable efectivizar a todos los contratados y además acceder al pedido de aumento de sueldos con el que los presionó el SUTISS. La realidad parece confirmar su posición.

En su comunicado del viernes, Ternium afirma haber reducido los accidentes de un promedio de 447 en la década previa a su toma de control a menos de 210 durante su administración. También recordó haber invertido casi u$s 950 millones en la última década, cifra que fundamenta su pedido de compensación no inferior a los u$s 2.000 millones.

Mientras tanto, el gobierno argentino parece decidido a mantenerse al margen de esta situación: la administración de los Kirchner nunca intercedió frente a su «amigo» Chávez en defensa de uno de los principales grupos industriales argentinos. Quizás esto haya inspirado también al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que asiste impávido y mudo al proceso de confiscación de los activos del Grupo Marsans en Aerolíneas Argentinas-Austral.