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Temen que el escándalo de la carne en Brasil afecte la negociación Mercosur-UE
El Gobierno citó también de urgencia a los empresarios del sector. En Europa, asociaciones de productores piden que se cierre el mercado a productos de ese país y también de Argentina, Uruguay y Paraguay.
"El Gobierno quiere reiterar la confianza en la calidad de la producción nacional", dijo e, incluso, se permitió invitar a los embajadores a una "churrascaria" (parrillada). "Si aceptaran la invitación, nos harían muy felices", agregó.
Antes de esa reunión, convocada de urgencia para un domingo -toda una rareza-, el mandatario se reunió con su ministro de Agricultura, Blairo Maggi, y con empresarios del sector alimentario para analizar el impacto que puede tener este asunto en el comercio exterior del país. "Este problema afecta y afectará a todos. No sé cuáles serán las consecuencias, pero vamos a tener problemas y vamos a trabajar para minimizarlos lo máximo posible", reconoció Maggi.
Itamaraty se esforzó ayer por aclararles a los 150 países que reciben carne brasileña que el escándalo tiene una escala puntual, en solo 21 unidades de negocios sobre un universo de 4.000. "No es un problema sistémico", le dijo al diario O Globo una fuente diplomática.
Con respecto a la UE, el temor de la Cancillería brasileña es que, si el bloque no considera que las explicaciones son suficientes, el diálogo en pos de un tratado de libre comercio se interrumpa. De hecho, el embajador de la UE en Brasilia, João Gomes Cravinho, señaló que si las explicaciones del Ministerio de Agricultura sobre el funcionamiento del sistema sanitario brasileño no resultan suficientes, el bloque podrá suspender todas las compras.
Preocupa, en ese sentido, que las asociaciones europeas de productores de carne, alertas por la posibilidad de que un tratado de libre comercio las prive de la protección de la que han gozado tradicionalmente, estén aprovechando el caso para reclamar un cierre a todas las ventas no ya de Brasil sino del Mercosur.
La mafia de adulteración de carne fue desarticulada el viernes en una vasta operación de la Policía Federal, en las que se detuvo a 33 inspectores y directivos de empresas.
Sus prácticas implicaban el uso de químicos cancerígenos para mejorar el aspecto de la carne, la alteración de las fechas de vencimiento y la inclusión de alimentos no adecuados para el consumo en la elaboración de embutidos, entre muchas otras irregularidades.
Las investigaciones realizadas durante dos años detectaron que varios funcionarios de los estados de Paraná, Minas Gerais y Goiás recibieron sobornos para dar los certificados correspondientes a los alimentos, sin realizar los controles pertinentes. La trama involucra a las empresas frigoríficas JBS, BRF y Peccin, algunas de las más grandes del país en el rubro.
Los sobornos ascendían en la jerarquía política y terminaban beneficiando a partidos como el del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el del presidente Temer y al centroderechista Partido Progresista (PP). "Queda bien claro que una parte del dinero de los sobornos era destinado a partidos políticos", aseguró el vocero policial Mauricio Moscardi.
Para intentar minimizar el impacto, el Ministerio de Agricultura reforzó el fin de semana los controles e inspecciones a empresas alimentarias, así como a supermercados y cámaras frigoríficas.
Agencias EFE y AFP, |
y Ámbito Financiero
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