Temer, bajo fuego: la Corte abrió una nueva causa en su contra por corrupción

El presidente denunció que la Justicia carece de pruebas y que acude a “falsos testimonios” para ensuciar su imagen.

Suma sospechas. El presidente Michel Temer sobrevivió al último proceso abierto en su contra, que lo enredaba en la “Lava Jato”.

Brasilia - Las sospechas que pesan contra el presidente de Brasil, Michel Temer, aumentaron ayer con la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de abrir una nueva investigación por causa de un decreto que habría favorecido los negocios portuarios de una firma privada.

La pesquisa fue solicitada por el fiscal general, Rodrigo Janot, quien completará su período en ese cargo el próximo domingo pero que en los últimos días de su gestión ha lanzado una dura ofensiva jurídica contra el gobernante y su entorno.

El pedido recibió luz verde del magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros de la Corte Suprema, y se refiere a un decreto firmado por Temer en mayo pasado, que alteró artículos de las leyes que rigen la actividad portuaria.

De acuerdo con la Fiscalía, esas modificaciones fueron negociadas con la empresa Rodrimar, la supuesta beneficiada, por Rodrigo Rocha Loures, un antiguo asesor de Temer en prisión bajo cargos de corrupción en el marco de tramas que salpican al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Esas sospechas se apoyan en escuchas legales al teléfono de Rocha Loures, quien fue grabado conversando sobre el asunto con directivos de Rodrimar y con el propio Temer. En esas conversaciones los ejecutivos de Rodrimar presentaron "diversas demandas", que "al menos en parte fueron contempladas" en el decreto firmado por el gobernante.

La autorización de Barroso para esta nueva investigación sigue a sospechas vertidas este mismo lunes por la Policía Federal contra Temer y la cúpula del PMDB en la Cámara de Diputados, de quienes dijo que existen serios "indicios" de que se valían de su poder para favorecer a empresarios a cambio de sobornos.

También se suma a otras investigaciones abiertas contra Temer por la Fiscalía, como los supuestos sobornos del gigante frigorífico JBS, que aportó pruebas sobre los sobornos que Temer cobraba desde 2010. Sin embargo, la legalidad de su testimonio fue puesta en duda.

Esas declaraciones sirvieron de base a la Fiscalía para presentar una primera denuncia formal por corrupción pasiva contra Temer, pero que fue archivada hace dos meses por la Cámara baja, que por imperativos constitucionales debe avalar una acusación penal contra un presidente en ejercicio del poder.

Frente a las nuevas sospechas, Temer reaccionó ayer mediante una nota oficial de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en la cual se alertó de que las acusaciones "sin pruebas" suponen un riesgo para Estado de Derecho. "El Estado Democrático de Derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y evitar toda forma de injusticia", pero "en las últimas semanas Brasil ha visto exactamente lo contrario", indicó la nota.

En el comunicado se apunta que "se cambia el pasado" de las personas "con falsos testimonios" de unos "bandidos que construyen versiones" y "destrozan reputaciones en conversaciones embebidas de acciones clandestinas".

También sostiene que "todo desvío debe ser condenado", pero que "no se pueden criminalizar las acciones correctas que son protegidas por las garantías constitucionales", como la recepción de donaciones para campañas electorales por parte de un partido, que de acuerdo a la Fiscalía servían de fachada para el pago de sobornos.

En el fallo que autorizó la nueva investigación, Barroso dijo que "a nadie le puede ser indiferente el peso personal o político de que una figura pública, aún más el Presidente de la República, figure como investigado en un procedimiento de esa naturaleza". Sin embargo, el magistrado consideró que ese "es el precio del principio republicano de la Constitución brasileña, al establecer la igualdad de todos ante la ley y exigir transparencia en la actuación de los agentes públicos".

Agencias EFE y AFP