El seguimiento diario de los medios de comunicación locales sobre la inclinación de los senadores arrojaba ayer un piso de 48 votos por la destitución contra 18 opuestos a ella, con 15 legisladores que se negaban aún a dar a conocer su decisión.
La mayoría necesaria para la aprobación del "impeachment" es de dos tercios de la cámara, esto es 54 votos. Cabe recordar que cuando el Senado aprobó la apertura del juicio político el 10 de este mes, lo hizo con 59 votos a favor, cuatro por encima de la mayoría calificada requerida para la remoción. Pero Temer no quiere correr riesgos, sobre todo cuando la propia Rousseff anunció que acudirá a la cámara a defenderse personalmente, por primera vez desde que comenzó el proceso, el lunes 29, un intento de generar cambios de última hora que la salven.
El objetivo de la presidenta suspendida y del interino es el mismo: los senadores del nordeste, la región de Brasil en la que la influencia del Partido de los Trabajadores es más fuerte. Esa zona, la más pobre del país, fue la más beneficiada por los planes sociales y las políticas redistributivas de Luiz Inácio Lula da Silva y de la propia Rousseff, por lo que sus legisladores podrían ser más permeables a un poco probable cambio de postura.
Mañana a las 9 de la mañana (igual que en la Argentina), el Senado -presidido por el titular del Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski- abrirá el juicio político que, todo indica, pondrá fin al ciclo de cuatro gobiernos consecutivos del PT. Según el cronograma previsto, la primera mujer en haber llegado a la presidencia del país probablemente escuchará la sentencia el miércoles 31. Si es hallada culpable de haber violado la Constitución al aprobar gastos a espaldas del Congreso y manipular las cuentas públicas -las llamadas "pedaladas fiscales"-, perderá su cargo y quedará inhabilitada para la función pública por ocho años. En tal caso, Temer completará los dos años y cuatro meses de mandato que quedan. El cálculo del Gobierno interino apunta a superar los 60 votos a favor de la destitución. "Voy a argumentar no solo a favor de la democracia, del respeto al voto directo del pueblo brasileño, sino también a favor de la Justicia", dijo Rousseff.
José Eduardo Cardozo, exministro de Justicia y actual defensor de Rousseff, aseguró que "no hay pruebas de que haya habido un crimen de responsabilidad" que justifique la destitución "de una presidenta legítimamente electa".
| Ámbito Financiero y Agencias AFP y EFE |
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