Temible: la vulneración de la democracia en Venezuela lleva la crisis a la calle

• LOS RADICALES DEJAN AL PAÍS AL BORDE DE UN ESTALLIDO VIOLENTO¿Reviven la polémica sobre la aplicación de la Carta Democrática de la OEA?

Cuando el 28 de junio de 2009 un grupo de militares detuvo al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en su residencia oficial y lo expulsó a Costa Rica, el mundo no dudó en denunciar un golpe de Estado. Los conjurados se defendieron al sostener que habían actuado con el aval de la Corte Suprema y del Congreso, y que el depuesto había violado la Constitución al convocar a una consulta popular sobre su reelección, tema vedado por ese mismo texto. La brutalidad del procedimiento y el exilio forzado llevaron, sin embargo, a la comunidad internacional a la conclusión de que dos poderes del Estado se habían conjurado contra el tercero.

La sentencia 156/2017 del miércoles a la noche del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela delinea un escenario equivalente: una fundamentación jurídica controvertida y dos poderes del Estado (Judicial y Ejecutivo) alzados contra el otro. Honduras en espejo.

La Sala Constitucional del alto tribunal encontró el modo de eliminar la Asamblea Nacional a partir de una causa banal: la constitución de empresas mixtas requerida por Nicolás Maduro para el sector petrolero requiere la autorización de la AN. Pero como el TSJ mantiene en condición de desacato al legislativo unicameral y considera nulas todas sus sesiones y votaciones, decidió ejercer directamente un poder legislativo que considera vacante. Saltó así de las empresas mixtas a una versión siglo XXI de la ruptura "institucional" de la democracia (perdón por el oxímoron, lector). Como en Honduras, como en el Paraguay que se deshizo en tiempo récord de Fernando Lugo y como en el Perú de Alberto Fujimori, quien imprimió su nombre en modo aumentativo al golpe que cerró el Congreso en 1992.

Vale repasar la historia del "desacato" de la oposición venezolana, que llevó a la virtual clausura del Poder Legislativo.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) arrasó al oficialismo en las legislativas del 6 de diciembre de 2015 como nunca había ocurrido desde el ascenso de Hugo Chávez en los comicios de fines de 1998. Tanto que obtuvo los dos tercios de las bancas necesarios para imponer reformas constitucionales y nombramientos de magistrados.



Tres legisladores votados en Amazonas fueron la manzana de la discordia debido a las denuncias de fraude en ese estado, las que llevaron al TSJ a ordenarle a la AN que no les tomara juramento. Sin ellos, la oposición perdía esa supermayoría.



Siete meses después, alegando que el Supremo no definía la cuestión, la conducción opositora de la cámara incorporó a esos diputados, lo que el TSJ respondió declarando inválidas todas las decisiones de la misma.



Cuando la AN decidió obedecer y separar a los amazónicos, el Tribunal desconoció la respectiva notificación parlamentaria porque, alegó, el hecho debía haberse formalizado en una sesión y con el voto de los diputados. La AN obedeció otra vez este año, cuando ya había cambiado sus autoridades, por lo que el TSJ volvió a anular la decisión: la sesión debía realizarse bajo la dirección antigua, previa a la primera declaración de desacato.



Antes de este sainete, el Supremo había declarado inconstitucional la ley de Amnistía votada en marzo por la Asamblea, un hecho insólito que terminó de convertir a los políticos presos como Leopoldo López en presos políticos.



Además, el Poder Electoral estiró todo lo posible la realización de un referendo revocatorio del mandato de Maduro, al extremo de inviabilizarla. El chavismo, golpeado por la calamidad económica y social que generó, clausuró las urnas. ¿Hugo Chávez, ganador serial de elecciones, habría hecho tal cosa?



Y lo hizo con tanto ahínco que el Consejo Nacional Electoral (CNE) postergó sin fecha las elecciones para gobernadores e intendentes que debían realizarse, como era habitual, en diciembre último, de modo que las nuevas autoridades asumieran en enero de este año. Las mismas, en las que se auguraba un desastre aun mayor para el chavismo, quedaron suspendidas luego ante la orden del CNE de que todos los partidos revalidaran sus afiliaciones. Todavía no se votó y no se sabe si eso ocurrirá algún día. Mientras, Venezuela tiene autoridades de facto.



Chavistas y opositores comenzaron ayer a revolearse por la cabeza artículos de la Constitución Bolivariana de 1999.



Los primeros defienden el fallo del TSJ en virtud del 266, que define las atribuciones de esa Corte, entre las que figura "conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales". Asimismo, invocan el 336, que autoriza a la Sala Constitucional del Supremo a "declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta Constitución".



Los opositores, por su parte, a los artículos 333, que establece la vigencia de la carta magna aunque "dejare de observarse por acto de fuerza", y 350, que desconoce a "cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".



Argumentos exhiben todos, pero el centro de la cuestión pasa por otro lado: al asumir las funciones de la Asamblea Nacional, el TSJ controlado por el chavismo desconoce la voluntad popular que en su momento la había conformado.



Se consuma así el escenario más buscado por los radicales de ambos bandos: el de una pugna que no se dirima en mesas de negociaciones (tantas veces burladas por Maduro, por otra parte) ni en elecciones, proscriptas de hecho. La lucha para ellos debe saldarse en la calle, como sea.



Si el régimen boicoteó todas las salidas políticas posibles, el sector radical de la oposición no se quedó atrás, al punto de haber impulsado sucesivos desafíos a un TSJ dispuesto a todo y demorado con un debate inconducente la activación del referendo revocatorio.



Ese sector, que llegó a impulsar un ilegal acortamiento del mandato presidencial en la AN (¿otro intento golpista?), le sirvió al madurismo todas las excusas.



La negligente tolerancia de varios países de la región merece una alusión final. Mientras la Organización de Estados Americanos trataba el martes infructuosamente de llegar a algún acuerdo en el caso venezolano, el TSJ lanzaba su primer desafío, casi una burla, al desconocer la inmunidad legal a los diputados opositores, que quedaron a un paso de la cárcel por haber pedido la aplicación de la Carta Democrática. Ayer, ese foro pareció activarse de urgencia. Ojalá que no sea tarde.