Tendencia de economía complica al interior

Los modelos tipo de cambio real alto incentivan la producción de bienes transables, y esa situación tiene un correlato regional en la Argentina: benefician productivamente a las regiones del interior, donde pesan más los bienes exportables. Modelos de tipo de cambio real bajo benefician en mayor medida a la producción de no transables, ubicada predominantemente en las grandes urbes, especialmente el Gran Buenos Aires (GBA). Una economía que protege a la industria local a corto plazo también impacta más favorablemente en el GBA y el eje Rosario-Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la industria sustitutiva que produce para los grandes centros de consumo. Adicionalmente, la mayor protección, en términos netos, encarece los costos de los bienes exportables del interior del país, afectando su competitividad internacional.

Desde hace varios meses la economía local tiende sistemáticamente hacia un menor tipo de cambio real y una mayor protección industrial, lo cual impacta negativamente en algunas actividades y economías del interior. El fuerte incremento de los costos logísticos, especialmente del transporte (aumentó un 150% en dólares en una década), operan en el mismo sentido, al «alejar» a las economías regionales de los grandes mercados internos y externos, dañando su competitividad. Algo similar puede decirse de las subas salariales que se deciden centralmente, sin atender a las diferencias de productividad y costos de vida locales. Actividades regionales que no se han beneficiado con precios internacionales elevados, como puede ser el caso de las frutas, la industria vitivinícola, el aceite de oliva, entre otras, desde hace varios meses ven empeorar gradualmente su competitividad y rentabilidad (no por casualidad Mendoza y Río Negro se encuentran entre las provincias con menor variación en su actividad económica en los últimos 2 años).

Las variables fiscales tampoco han resultado favorables al interior del país en los últimos años. La mayor centralización tributaria condujo a que el poder central pase en una década de ejecutar del 49% al 56% del gasto primario consolidado, y es suficientemente conocido que una porción considerable del gasto nacional tiene destino en CABA (un tercio del total, según Presupuesto 2012). En esta situación tiene mucho que ver el gasto nacional en subsidios a empresas públicas y privadas, dirigidos a mantener anestesiadas sus tarifas y precios, especialmente en el GBA. Tales erogaciones pasaron de un 1% del PIB en 2006, a casi un 5% en 2011.

La desactivación de subsidios anunciada en el último trimestre de 2011 prometía corregir implícitamente algunas de las distorsiones regionales. Pero posteriormente no se avanzó demasiado en esa dirección, y el tema parece diluirse rápidamente de la agenda próxima de políticas. El ahorro de recursos que proveería aquella decisión sería sustituido por el acceso ampliado a los fondos del BCRA, ya sea de sus utilidades, adelantos o reservas, tras la última reforma a su carta orgánica. Así, se descartaría un ajuste importante en las tarifas para escoger un camino que significará muy probablemente un mayor impuesto inflacionario. Los efectos regionales no serán parejos: mientras la reducción de subsidios hubiese afectado en mayor medida el poder de compra de los consumidores del GBA, el incrementado impuesto inflacionario, además de no resultar coparticipable con los estados del interior, carcomerá los saldos en efectivo que mantengan individuos a lo largo y ancho del país.

Para mayor preocupación en las economías regionales, ante la desaceleración económica una buena cantidad de provincias y municipios comenzaron a mostrar problemas fiscales crecientes, y frente a la muy escasa disponibilidad de ahorros acumulados en años de vacas gordas, han recurrido a dos instrumentos letales para la actividad local: subir impuestos o tasas (varios gobiernos subnacionales lo hicieron en 2012, otros lo venían haciendo desde 2008), y/o acrecentar sus deudas flotantes, complicando en extremo las cadenas de pago a proveedores y contratistas de obras, propagando los inconvenientes aguas arriba y abajo y hacia otros sectores económicos.

Tras la prórroga de los vencimientos de 2012 y 2013 de los servicios de las deudas locales con el Gobierno nacional, acordada a fines de 2011, el monto de servicios a pagar por las jurisdicciones provinciales en el año que corre no resultará muy diferente al afrontado el año previo, en torno a los $ 16 mil millones. Los inconvenientes financieros derivan, en cambio, de estas otras dos situaciones: 1) El déficit primario consolidado en provincias muy probablemente resulte mayor en 2012 ($ 15 mil millones) que en 2011 ($ 8 mil millones), con suba de ingresos en torno al 28% y de erogaciones del 30%. 2) En 2012 se visualizan menores posibilidades de financiamiento para provincias que en años recientes, ya sea porque los propios problemas fiscales del poder central no dejan mucho margen para las ayudas al interior (la falta de envíos para financiar sistemas previsionales de provincias como Córdoba o Santa Fe así lo indican, a pesar de contar con convenios en tal sentido suscriptos en el pasado), como por el menor acceso al financiamiento voluntario de que disponen las provincias, agravado tras los acontecimientos en torno a YPF y la concomitante suba del riesgo-país.

Si en los próximos meses (especialmente a la hora de pagar el medio aguinaldo) las provincias no logran perforar la barrera del acceso masivo al financiamiento voluntario en los mercados de capitales, probablemente algunas de ellas tendrán dificultades para afrontar sus gastos y podrían recurrir a una amenaza creíble: la de emitir nuevamente cuasi monedas. Si bien éstas resultan elementos absolutamente desaconsejables para la buena salud económica, son observadas en el interior como instrumentos financieros disponibles para recurrir en última instancia, ante el recuerdo de su papel amortiguador en anteriores situaciones financieras complicadas. Ante esa disyuntiva, es muy probable que el poder central finalmente ceda y lleguen los auxilios, vía canillas abiertas en el BCRA. En ese caso, el costo para la economía sería una mayor inflación, que como se dijo golpea parejo en todo el territorio.



* Presidente del IERAL de Fundación Mediterránea