El Gobierno y la oposición siguieron ayer buscando votos de cara a la votación de hoy, en la que la comisión especial de 65 diputados creada para definir si existen méritos jurídicos para el "impeachment" decidirá si aprueba la continuidad del proceso abierto por el maquillaje de las cuentas públicas.
Como oficialistas y opositores coinciden en que la apertura del juicio político será respaldada por la mayoría de la comisión, las negociaciones de fondo apuntan al voto en el pleno de la Cámara baja, en una sesión que comenzará el viernes y que podría desembocar en una definición el domingo, día para el que se esperan otra vez masivas manifestaciones populares, o el lunes 18.
En ese sentido, el diario O Estado de Sao Paulo reveló que el Gobierno, con Luiz Inácio Lula Sa Silva como principal operador, ofrece entre potenciales aliados cargos en un futuro gabinete con presupuestos por 38.000 millones de reales (unos 10.600 millones de dólares).
La semana es decisiva porque si el pleno de Diputados vota por dos tercios la elevación del caso al Senado, y luego éste lo admite sólo con simple mayoría, Rousseff quedaría automáticamente suspendida por 180 días, algo que según los analistas podría resultarle extremadamente difícil de revertir.
La oposición que busca avanzar con el "impeachment" necesita lograr el respaldo de dos tercios de los diputados (342 sobre un total de 513) en el pleno. Es decir que la jefa de Estado necesita que 172 diputados voten contra la apertura del juicio político, se abstengan o se ausenten el día de la votación para obligar a la dirección de la Cámara de Diputados a archivar el proceso.
Hasta ahora, ninguno de los dos bandos está seguro de tener los votos que necesita. Según "O Estado", los sufragios seguros a favor del juicio político son hasta ahora 288 y los contrarios, 115.
Entretanto, a la espera de tensas manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, sobre todo el próximo domingo 17, la Explanada de los Ministerios de Brasilia se llenó ayer de vallas para separar a los grupos en pugna.
Una treintena de presos en régimen de libertad parcial trabajaron junto a empleados en el montaje de un pasillo de separación de 80 metros de ancho y un kilómetro de largo, que irá de la catedral al Parlamento, por el que sólo podrán circular las fuerzas de seguridad.
La secretaría de seguridad pública de Brasilia prevé que unas 300.000 personas se concentren en la explanada entre el 15 y el 17 de abril, y la priopridad es evitar enfrentamientos y hechos de violencia entre las partes.
"Somos conscientes de la importancia de este momento histórico y trabajamos para proporcionar las condiciones necesarias para que la gente ejerza su derecho a manifestarse sin poner en peligro la vida de los ciudadanos ni la integridad del patrimonio", subrayó la secretaria de seguridad pública, Marcia de Alencar.
En el lugar se desplegarán unos 3.000 policías y 500 bomberos, pero todos los efectivos estarán en alerta y podrán intervenir rápidamente.
| Agencias EFE y ANSA |
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