Tensión en Sta. Cruz por reclamo salarial policial

Los policías mantienen la toma de cuatro de las cinco comisarías de Caleta Olivia. En Río Gallegos el impacto es menor, con apenas 70 uniformados acuartelados de los 2.500 que integran el cuerpo de Policía provincial.

Santa Cruz - En una medida que reavivó el fantasma de la escalada de motines de diciembre pasado en el país, un sector de la Policía santacruceña inició en la medianoche del miércoles un autoacuartelamiento en comisarías de Caleta Olivia, que se contagió luego a 70 efectivos de Río Gallegos, lo que derivó en el pedido de la provincia a Nación de 150 gendarmes para garantizar la seguridad.

En medio de internas dentro de los uniformados, los díscolos nucleados en la agrupación Unidos por la Dignidad -un sector disidente de la Asociación Civil Policial, y que perdió una reciente elección- exigen un aumento del 25% en el "valor punto", la unidad a partir de la cual se calcula el sueldo en la fuerza.

Pero el Gobierno del asfixiado mandatario justicialista Daniel Peralta -por esas horas en Buenos Aires, gestionando fondos para pagar salarios- argumentó que no cuenta con los $ 280 millones mensuales para hacer frente a esa pretensión.

La negativa -oficializada por el ministro de Gobierno, Gustavo Martínez, en una asamblea policial a la que concurrió- disparó la extorsiva medida de fuerza, que viró de quite de colaboración a acuartelamiento.

La estocada se activó en cuatro de las cinco comisarías de la norteña Caleta Olivia, con réplica luego sólo en 70 uniformados de la capital, sobre 2.500.

"No apoyamos esta medida que está llevando adelante este sector de la Policía; las 12 localidades del interior están trabajando en forma normal", aseguró por la tarde el presidente de la Asociación Civil Policial, Horacio Contreras.

La protesta llevó al Ejecutivo a denunciar un supuesto intento de desestabilizar a Peralta. "Existen intenciones desestabilizadoras que están usando el reclamo de los efectivos", enfatizó Martínez.

En reacción, con la activación del Comité de Seguridad Interior en el marco del Ministerio del Interior nacional, el gobernador recurrió al auxilio de fuerzas de seguridad federales para llevar tranquilidad a los santacruceños.

En esa línea, tempranamente se iniciaron patrullajes por parte de Prefectura Naval Argentina, mientras el Ejecutivo pidió el envío de 150 gendarmes. Por su parte, el intendente de Caleta Olivia, José Córdoba, pidió a los comercios que cierren sus puertas más temprano.

Desde Caleta Olivia, Martínez -junto con el jefe de la Policía, Salomón Aleuy- afirmó además que la provincia concretará una presentación legal contra los rebeldes por "abandono de servicio", y advirtió que no negociará "a través de canales informales". Hizo referencia así a que en la provincia fue creado meses atrás un Consejo del Salario para dirimir condiciones salariales y laborales de la fuerza.

En este tenso contexto, Martínez insistió en que la provincia "no está en condiciones de generar un aumento salarial para la Policía, como no lo ha estado para ningún otro sector". También aseguró que "el salario de la Policía es uno de los mejores en la provincia" y detalló que "un agente que recién entra está cobrando 12.600 pesos", tras la negociación cerrada en abril con una suba del 28%.

La provincia donde juega de anfitriona Cristina de Kirchner -de relación zigzagueante con Peralta- cuenta con un tenso historial en autoacuartelamientos policiales: en 2012, un motín se perpetuó durante 20 días, duplicando los 10 días de otra protesta de 2010.

Pero el antecedente más reciente se dio a nivel país, cuando el motín con consignas salariales disparado a principios de diciembre por efectivos cordobeses derivó en una oleada de saqueos. Ese combo no tardó en contagiarse a casi todo el país, con saldo trágico. Santa Cruz fue una de las pocas excepciones.

Finalmente, la insurrección logró ser apagada con forzados aumentos salariales otorgados por los gobernadores, desbordados por el desmadre en seguridad.