Tierra del Fuego suspende cobro de Inmobiliario tras fallo judicial

La Corte determinó que es la provincia la encargada de percibir ese tributo, poniendo fin a una disputa que comenzó cuando el actual gobernador era jefe municipal de Río Grande.

Gustavo Melella

La polémica por el cobro del Impuesto Inmobiliario en Tierra del Fuego que en la gestión anterior enfrentó al Gobierno provincial de la entonces mandataria Rosana Bertone con los intendentes fueguinos (entre ellos el actual gobernador Gustavo Melella) tuvo días atrás novedades, con el fallo de la Corte Suprema nacional que avaló a la provincia como agente recaudador de ese tributo. Los supremos ratificaron la decisión del máximo tribunal local.

Ahora, con Melella en la gestión provincial en vez de municipal, el oficialismo de Forja (aliado de la Casa Rosada en el plano nacional) envió un proyecto a la legislatura para suspender el cobro del impuesto hasta que el gobernador y los intendentes resuelvan una salida política. Además de su posición inicial en tiempos de intendente de Río Grande, Melella fue en alianza con los tres jefes municipales en la última elección de mayo, cuando obtuvo su reelección. Walter Vuoto en Ushuaia, Martín Pérez en Río Grande y Daniel Harrington en Tolhuin, todos del FdT, fueron asociados a su boleta y también lograron sus propias reelecciones. Así, el gobernador ahora necesita mantener la armonía con el terceto de cara al segundo mandato de todos.

El legislador, Federico Greve, confirmó que a través del Bloque Forja presentó el proyecto para suspender la aplicación del cobro del impuesto inmobiliario por el período 2023.

En ese sentido, Greve aseguró que “se viene llevando adelante una mesa de trabajo entre el Gobierno y los municipios, y la decisión es que se acuerde entre todos la implementación del fallo que establece la legitimidad del cobro del impuesto inmobiliario por parte de la provincia”.

El Ministro de Economía provincial, Federico Zapata García, sostuvo que en el diálogo con los municipio “se avanzó para cuantificar el recurso y la consecuencia que podría generar en las administraciones” . En tal sentido, sostuvo que “el desafío es que ninguno pierda el recurso”.

Sin embargo, Zapata García afirmó que “lo cierto es que la provincia no puede renunciar ni desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, y defender los intereses de las arcas provinciales es una obligación”.