Todo depende del futuro de la ley cerrojo

Una de las mayores urgencias del Gobierno en el Congreso en este momento es la modificación a la ley cerrojo que en 2005 cerró cualquier posibilidad de un canje de deuda futuro con los acreedores que no ingresaran en la operación ese año. De ahí que frente a un inminente nuevo canje, la reforma a la ley cerrojo será prioridad dentro del paquete financiero que analiza la Casa Rosada.

Para conseguirlo no hay demasiado tiempo y no sólo porque el Congreso después del 10 de diciembre será hostil a los Kirchner, sino porque hoy las condiciones de mercado, sumadas a la simpatía que vuelven a despertar en el mundo los activos de riesgo, son inmejorables para avanzar con la operación.

Idas y vueltas

Pero contra esa opción conspiran las idas y vueltas del Gobierno y las pujas que acompañan esta operación en las negociaciones con el Club de París y un futuro demasiado incierto en la relación con el FMI.

La operación que se quiere anunciar involucra más de u$s 20.000 millones, con una quita de intereses que rondará el 65%, con una posibilidad de éxito que por ahora no supera en la realidad el 50% y un aporte de capital de los acreedores, un anuncio similar al que hizo Cristina de Kirchner hace un año, también en Nueva York, pero que naufragó en el momento más duro de la crisis financiera internacional. De hecho, en el último viaje a Nueva York, Amado Boudou mantuvo contactos con acreedores y fondos, los menos violentos con el país, que podrían acercar a la operación ese porcentaje de títulos.

Los casos más duros continuarán litigando en tribunales de EE.UU. y el mundo.

De ahí el apuro en aprobar el proyecto en el Congreso, lo que no debería ser un problema para el Gobierno.

Objetivo

La ley cerrojo se sancionó el 9 de febrero de 2005 para intentar reforzar la decisión del Gobierno sobre el canje: quien no ingresara en ese momento no podría obtener en el futuro una condición mejor que la que ofrecía por entonces la operación lanzada por Roberto Lavagna.

La decisión era tajante: «El Poder Ejecutivo Nacional no podrá, respecto de los bonos a que se refiere el artículo 1º de la presente, reabrir el proceso de canje establecido en el Decreto Nº 1.735/04 mencionado», dice el artículo 2 de la norma que ahora complica el proceso de negociaciones que lleva adelante Boudou.

De hecho, hasta cierra el camino a cualquier acuerdo inclusive judicial por la deuda que se mantuviera en default: «Prohíbese al Estado nacional efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos a que refiere el artículo 1º de la presente ley», dice el texto que se completaba luego ordenando al Estado el retiro de cotización de todos los títulos que hubieran sido declarados elegibles para el canje, casi una inocencia tomando en cuenta que el país no volvió a cotizar deuda soberana en los mercados.

Ahora, el Congreso deberá entonces modificar la ley para permitir el nuevo canje, pero con un texto, no definido aún, que no deje duda de que a los holdouts que quieran ahora ingresar a la operación no se les darán condiciones mejores que las que tuvieron los bonistas en 2005.