Todo el país vive con superpoderes

La Argentina vivió en los últimos 10 años en medio de un régimen legal de excepción y emergencia. Esas dos realidades marcaron la forma de manejar el poder en el país, tanto político como en el reparto de fondos entre Nación y provincias.

Sería imposible pensar en la supervivencia de un sistema político formalmente federal, pero centralista y con presidencialismo imperial en lo real, sino no existiera un régimen de premios y castigos a los gobernadores digitado sólo por una lapicera y no por un sistema de distribución puramente automática sobre la base de la ley. El peronismo hizo de ese juego contable con las provincias su razón de existir.

De ahí que resulte casi un ejercicio gracioso la discusión por una ley de emergencia económica en la provincia de Buenos Aires que ratifique por ley la decisión de Daniel Scioli de desdoblar aguinaldos, cuando casi todo el país, empezando por la Nación, tiene la suya desde 2002.

La realidad indica que, desde el vamos, hay al menos una decena de provincias que adhirió a la emergencia económica nacional (el nombre técnico de esa ley que alumbró Eduardo Duhalde para salir de la convertibilidad es «Emergencia Pública») y sólo algunas como San Luis, La Pampa y Salta tienen leyes de emergencia propias, que en unos pocos casos no están en vigencia.

Scioli no tuvo respaldo del kirchnerismo para avanzar con esa ley y por eso se piensa ahora en una ley alternativa para respaldar el pago en cuotas, pero si la provincia siguiera al pie de la letra la ley de emergencia económica nacional que rige desde 2002 y que Cristina de Kirchner hizo prorrogar una vez más hasta el 31 de diciembre de 2013, no tendría problemas para tomar medidas como la división del aguinaldo e inclusive otras más duras.

Esa ley nacional incluye la declaración de emergencia laboral, en materia de vivienda, sanitaria y hasta impositiva; le otorga facultades al Gobierno para manejar marcos regulatorios y tarifas de servicios públicos privatizados. En diciembre, el Gobierno sabía que tendría por delante el desmonte de los subsidios a las tarifas de servicios públicos y con esa realidad la emergencia seguía siendo más que necesaria.

Sólo con la declaración de emergencia laboral que aún está vigente (Duhalde la utilizó en 2002 para prohibir el despido de trabajadores incorporando como pena a las empresas la famosa doble indemnización), en la provincia de Buenos Aires podrían haber justificado cualquier medida a tomar en medio de la crisis por la falta de los fondos que la Nación no envió.

Está claro que, además, no es el único poder especial con que cuenta el Gobierno nacional. Desde 2006 tiene incorporados a la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control los famosos «superpoderes», que pasaron de estar solicitados por el Ejecutivo cada año en el Presupuesto Nacional a quedar a perpetuidad en el artículo 37 de esa norma. Gracias a esos poderes el Gobierno puede no sólo modificar partidas del Presupuesto, sino cambiar el destino, por ejemplo, de gasto de capital a corriente. Es decir, utilizar fondos que el Congreso destinó a inversión al pago de sueldos, subsidios o cualquier transferencia, modificando la ley por decreto. Para incrementar el límite máximo de gasto total, el Gobierno apela normalmente al uso de los DNU.

La provincia de Buenos Aires en su momento había adherido a esa ley de emergencia. En distinta posición están otras provincias como, por ejemplo, San Luis, que en diciembre de 2011 aprobó una ley de emergencia propia que le permite un manejo arbitrario de los fondos públicos.