Torturas de Bush, todo un dilema

Washington - Las revelaciones sobre el entramado legal del Gobierno de George W. Bush para legitimar la tortura en interrogatorios a sospechosos de terrorismo han generado una fuerte presión sobre el presidente Barack Obama para que procese a los responsables.

El presidente estadounidense sugirió que quiere cerrar ese capítulo y dejó claro que no se enjuiciará a los que llevaron a cabo las torturas, pero no descartó la posibilidad de que se tomen medidas contra aquellos que las legitimaron.

El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, reiteró ayer que Obama considera que el contenido de los memorandos legales desclasificados el pasado jueves «debe ser motivo» para reflexionar «y no un momento para castigos».

La desclasificación de cuatro memorandos, mediante los que la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia proveyó durante el Gobierno de Bush el marco legal para que la CIA empleara la asfixia simulada y otras prácticas coercitivas en interrogatorios a detenidos ha suscitado una gran polémica y controversia en EE.UU.

La publicación ayer de un informe del Senado que indica que el anterior Gobierno comenzó a preparar el uso de técnicas coercitivas en interrogatorios antes de ser autorizadas legalmente y semanas antes de que la CIA capturara al primer sospechoso de terrorismo de alto nivel, sólo echó más leña al fuego.

A este informe se suma un memorando del director de los Servicios de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, publicado ayer en la prensa, en el que señala que «la información obtenida mediante estas técnicas fue valiosa en algunas ocasiones». No obstante, también agrega que «no hay ninguna manera de saber si esta misma información podría haber sido obtenida mediante otros medios».

Los memorandos, tres de los cuales fueron elaborados en 2005 por Steven Bradbury y uno escrito por Jay S. Bybee en 2002, ambos abogados de la oficina legal del Departamento de Justicia, fueron desclasificados en respuesta a una querella de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Los informes revelan los métodos coercitivos que se aplicaban y justificaban, y que incluían el uso de insectos en cajas en las que se introducía a los interrogados, la privación del sueño, la asfixia simulada y el estampar al sospechoso contra paredes, entre otros.

El mismo día de su desclasificación, Obama condenó esas prácticas, pero explicó que no enjuiciará a los que las llevaron a cabo porque se guiaron por la teoría legal imperante en el momento.

Desde la divulgación de los documentos, las voces que critican la desclasificación por entender que compromete la seguridad nacional y aquellas que exigen que los responsables respondan ante la Justicia parecen competir en intensidad.

Entre aquellos que pusieron el grito en el cielo por la decisión de Obama de publicar los documentos se encuentra el ex vicepresidente Dick Cheney, quien la calificó de «un poco inquietante» y recalcó que el actual Gobierno no ha dado a conocer otros documentos que muestran «el éxito de esos esfuerzos».

Cheney, un feroz crítico de Obama, pidió que esos documentos sean divulgados para que «el pueblo estadounidense pueda ver» lo que se consiguió y se aprendió, «y lo buena que fue la información» lograda.

El ex director de la CIA Michael Hayden acusó al Presidente de haber comprometido la seguridad nacional, ya que a su juicio ha revelado en medio de una guerra a los enemigos de EE.UU. los límites de los agentes en los interrogatorios.

Entre los que piden justicia se encuentran la ACLU y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la ONU, y en el seno del Congreso se debate si se debe abrir una investigación.

El martes, Obama dejó la puerta abierta a posibles imputaciones de altos funcionarios que formularon las decisiones legales sobre la tortura, pero dejó en manos del fiscal general, Eric Holder, la decisión sobre cualquier actuación dentro de los parámetros de la ley.

Obama también expresó su deseo de que cualquier investigación que se pueda abrir en el Congreso se efectúe de manera «bipartidista» y mediante una comisión independiente.

El mandatario, que ordenó el cierre de Guantánamo y prohibió las torturas, dejó claro que quiere «mirar hacia delante y no hacia atrás» en este asunto.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó ayer en el Congreso que se debe «revisar» la situación de los que redactaron los informes y de aquellos que ordenaron la tortura. Dijo que es partidaria de «llegar al fondo de todo este asunto», aunque no indicó qué implica eso.

Agencia EFE