• PROYECTO DE DIPUTADOS OFICIALISTAS AGILIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN La iniciativa apunta a quienes no hayan sido electos como el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y titulares o integrantes de los entes reguladores de servicios públicos.
Mario Negri y Laura Alonso
Las tropelías por presunto lavado de dinero del músico y flamante exsubsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, hirvieron la paciencia del radicalismo, que presentó ayer una iniciativa de ley para despabilar a la Oficina Anticorrupción y activar un escáner previo al ingreso de funcionarios al Poder Ejecutivo.
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El proyecto del jefe del radicalismo y de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, y de sus colegas de bloque Karina Banfi, Miguel Bazze y Luis Borsani, modifica el artículo 12 de la ley de ética pública -días atrás se inició un debate para sancionar una nueva- para funcionarios que ingresen al Ejecutivo sin haber ganado el cargo en una elección, como, por ejemplo, el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios e integrantes en representación del Gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.
La Oficina Anticorrupción deberá "analizar los antecedentes laborales, profesionales y los intereses sociales y patrimoniales de los candidatos en el marco de las normas sobre ética pública y formulará las indicaciones y recomendaciones que pudieren responder". Además, se podrán pedir informes "a los organismos nacionales, provinciales y municipales", y a privados y particulares.
Como "medidas preventivas", el texto presentado por los radicales deja claro que "en caso de que el aspirante manifieste a través de su declaración jurada y antecedentes algún caso que afecte significativamente el ejercicio de su competencia (...), la autoridad de aplicación deberá realizar un dictamen" que podrá "ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades". Misma situación se da para las "medidas posteriores a la designación".
Días atrás, y ante el desconcierto del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del secretario de Presidencia, Fernando De Andreis, Negri disparó: "Díaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la vara sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos". Luego, el músico de Tom Waitsed Band renunció.
Esa indefinición y titubeo de parte de Casa Rosada fue expuesto por la UCR el martes pasado, cuando legisladores nacionales y la cúpula del partido se reunieron en un hotel cercano al Congreso. Allí, Negri adelantó que prepararía junto Banfi una ley para darle mayor poder de prevención a la OA que comanda la macrista Laura Alonso.
Detrás de esta situación, y tras el arribo tardío de la OA, legisladores de la UCR y del PRO reconocieron a Ámbito Financiero la necesidad de separar al organismo que lidera Alonso de la dependencia del Ministerio de Justicia que maneja Germán Garavano -en guerra con Elisa Carrrió por la causa AMIA- y darle autarquía.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados de la UCR explican que si bien la ley relacionada con la regulación de la ética en el ejercicio de la función pública -1999- "fue un avance importante", los años transcurridos "demostraron que algunos instrumentos allí establecidos deben ser modificados a fin de cumplir con el objetivo inicial de la ley".
Para los legisladores, es primordial "incorporar nuevos mecanismos para, en primer lugar, evitar tales conflictos de interés y otros riesgos éticos en general y, de existir, detectarlos, controlarlos y sancionarlos". Pero además aseguran que se establecería "en la normativa vigente medidas de prevención, tal como lo exige el paradigma plasmado en el texto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción".
Los diputados también utilizan como argumento la "dificultad de detectar estas situaciones en el momento mismo de la asunción del cargo y el silencio normativo al respecto", y la urgencia para "reforzar la posibilidad de responder consultas y aclarar a los funcionarios con precisión, frente a casos ambiguos o difíciles, cuáles son las normas aplicables y cuál es la interpretación y el comportamiento debido".
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