UCR presiona en el Senado para abrir debate de Códigos

Raúl Baglini

El radicalismo va a presionar en el Senado para que el proyecto de modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial tenga un debate abierto y no se apruebe simplemente a libro cerrado. Está claro que un proyecto de esa dimensión, con 2.600 artículos por revisar, no puede caer en modificaciones aisladas que pueden terminar desacomodando la armonización legal que tiene. Pero la UCR tampoco quiere permitir que el tratamiento de este tema (que tiene adentro unos cuantos caballos de Troya complicados que incluyó el Gobierno más que la comisión de juristas presidida por Ricardo Lorenzetti) sea una paseo triunfal del kirchnerismo sin dar demasiadas explicaciones sobre el contenido.

Hoy el bloque de senadores radicales tendrá una reunión más para debatir la estrategia a seguir en ese debate. Ya tienen en sus manos un informe con las diferencias entre el proyecto de unificación que envió al Poder Ejecutivo la comisión integrada por Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, que no son pocos.

En ese caso no sólo generó ruido en esa comisión de notables el cambio que hizo el Gobierno en el tratamiento de las deudas pactadas entre particulares en moneda extranjera, sino también en la regulación de la responsabilidad del Estado. Es decir, la responsabilidad civil en el caso acciones u omisiones del Estado que produzcan daños en ciudadanos y merezcan una indemnización dineraria. La comisión de Lorenzetti lo incluyó en el proyecto y Cristina de Kirchner prefirió dejarlo afuera.

Los radicales también avanzaron en una comparación entre ese proyecto que ingresó desde el Gobierno y el que propone el radicalismo históricamente.

Por lo pronto, ya existen algunos movimientos. Ernesto Sanz, por ejemplo, ya tuvo contactos en Mendoza con Kemelmajer de Carlucci, exintegrante de la Corte Suprema de esa provincia, para analizar el proyecto.

Además, convocaron para que opinara sobre el tema y coordinara la posición del partido a Raúl Baglini, una presencia que siempre intimidó al kirchnerismo.

El bloque radical también llamó para ese dream-team al salteño Osvaldo Camisar, exdiputado con mandato entre 1983 y 1987. Camisar tiene un antecedente en su carrera que le da un lugar de privilegio en este debate: fue el primero que propuso la unificación de Códigos en 1985 y su proyecto terminó convirtiéndose en ley más tarde. No quedó en vigencia porque en 1991 Carlos Menem decidió vetarlo.

Por lo pronto, los radicales propusieron que cuando se integre la Comisión Bicameral para debatir el nuevo Código, en la sesión del próximo miércoles, se fije un cronograma de audiencias públicas por regiones, algo que hará más largo el debate.

Lo cierto es que el Congreso debate ahora un trabajo que llevaron adelante más de 100 juristas y que comenzó en febrero de 2011. Ahora el próximo paso es poner en marcha la Bicameral que se aprobó por un proyecto de resolución y que estará integrada por 30 miembros: 15 diputados y 15 senadores que serán designados por los presidentes de cada Cámara, respetando la proporción de las representaciones políticas en cada una de ellas.

La Comisión deberá elegir entre sus 30 integrantes a un presidente, un vicepresidente y dos secretarios. Además, será presidida 45 días por cada Cámara, teniendo en cuenta el plazo de 90 días que el proyecto propone desde la conformación del cuerpo hasta la firma del dictamen.

Los temas a discutir van desde el nuevo régimen de divorcio, la posibilidad de realizar contratos prenupciales con reserva del patrimonio de los contrayentes y distribución de frutos, el reconocimiento de la paternidad en el caso de gestaciones en otro vientre, modificaciones en el régimen legal de fecundación asistida, la inclusión en el Código del régimen de adopción, tratamiento de la propiedad de los pueblos originarios, entre una veintena de modificaciones.

Además de esas cuestiones, la reforma al Código Civil da marcha atrás con el sistema bimonetario absoluto que estableció la Ley de Convertibilidad al establecer que una obligación entre particulares estipulada en moneda extranjera se transforma en una obligación de dar cosas que puede cancelarse en moneda de curso legal, es decir, en pesos.

Así, en el artículo 765 explica que «la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal».

En tanto el artículo 766 sostiene que «el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada».