9 de octubre 2015 - 00:00

Un camino de piedras que puede derivar en feroz guerra judicial

 Brasilia - Es cierto que dos luces se encendieron en las últimas horas, no al final del túnel que vislumbra Dilma Rousseff, sino en el camino de la oposición que hace diez meses intenta sacarla del poder.

La reprobación de las cuentas de 2014 por el auditor Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) fue el abono al "impeachment" y la apertura de Acción de Impugnación del Mandato Electivo por el Tribunal Superior Electoral (TSE) levantó sobre las cabezas de Dilma y el vicepresidente Michel Temer la espada de la anulación del mandato.

Pero muchas y grandes son las piedras jurídicas y políticas en el camino para derrumbar a la presidenta. Empezando por la situación más caliente, la aprobación unánime del Tribunal de Cuentas del parecer del juez Augusto Nardes por la reprobación a las cuentas públicas de 2014.

Se trata de la recomendación de un órgano auxiliar del poder que realmente tiene la prerrogativa de decidir sobre las cuentas, el Congreso. Y el Congreso podrá tanto concordar enteramente con el TCU, disentir enteramente con él o concordar parcialmente, sugiriendo la aprobación con excepciones. Mientras eso no ocurra, no será posible sustentar que Dilma cometió delito de responsabilidad.

Importa entonces saber cómo y cuándo eso ocurrirá. Recientemente el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) recomendó que la votación de las cuentas ocurra en sesión conjunta del Congreso. Es decir, bajo la dirección del aliado Renan Calheiros y no del adversario Eduardo Cunha.

El TCU no se habría manifestado en forma unánime si el Gobierno no lo hubiese enfrentado, pidiendo suspender al juez instructor del caso, que de hecho habló mucho pero, con el ataque, los dos o tres ministros que podrían haber apoyado al Poder Ejecutivo se vieron obligados a tener una actitud solidaria con su par.

El miembro informante de la comisión del Senado tendrá ahora unos 40 días para emitir un parecer sobre el dictamen del TCU. Después habrá quince días para presentar enmiendas y otros 15 para un análisis final. Se cree que la comisión terminará su trabajo hacia fin de año.

Si el Gobierno tiene fuerza, con la ayuda de Calheiros empujará la decisión para el año que viene.

Ocurre que mientras el Congreso no dé la palabra final sobre las cuentas, las afirmaciones del TCU de que Dilma violó la Ley de Presupuesto o de Responsabilidad Fiscal serán sólo opiniones de un organismo técnico auxiliar que tuvo su imparcialidad cuestionada.

Ninguna comisión especial de la Cámara de Diputados, con un mínimo de seriedad, aprobará la admisibilidad de la apertura del proceso de "impeachment" por esa cuestión antes de un juicio final. Además, si se intenta eso, el STF podrá ser llamado a arbitrar la pelea jurídica.

En los próximos días Eduardo Cunha rechazará el pedido de "impeachment" suscripto por el expetista Hélio Bicudo y el abogado Reale Júnior. La oposición recurrirá al pleno y en 30 días se votará el recurso, por mayoria simple. La oposición tiene votos para eso.

Pero después vendrá la gran batalla, la de los dos tercios para autorizar la apertura del proceso de "impeachment" propiamente dicho, que el Gobierno tiene condiciones de ganar si resuleve los problemas que siguen surgiendo con sus aliados. Y surgirán mientras Cunha siga siendo el amo de la Cámara baja.

Más allá de la pelea política, existe para la oposición la piedra jurídica mayor: el entendimento de que, según la Constitución, un presidente no puede ser responsabilizado por actos extraños (o anteriores) al ejercicio del actual mandato. Estamos hablando de las cuentas de 2014. En torno del tema tal vez se trabe en el STF la batalla jurídica final de esta guerra política opositora para sacar a Dilma del cargo. Y si ella es entendida como golpista por el oficialismo es exactamente porque hoy le faltan bases jurídicas sólidas.

El segundo camino para derrumbar a Dilma es el del Tribunal Superior Electoral. En este caso se impugnaría su mandato y el del vice Temer.

El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) pide que la fórmula de Aécio Neves sea declarada ganadora, pero el tribunal puede optar por nuevas elecciones. Será necesario probar que las donaciones de constructoras, como la de UTC, del empresario Ricardo Pessoa, provinieron de lo que ganaron ilicitamente en Petrobras, lo que será muy difícil.

En fin, el Gobierno aún caminará mucho sobre las brasas de la crisis antes de vencer o sucumbir. La oposición también tiene muchas piedras en el camino.

Agencia Brasil247

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