Un clásico: mala nota en DD.HH. para Cuba y Chávez

Washington - La CIDH considera que Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras necesitan mejorar urgentemente su respeto a los derechos humanos, según indicó ayer en su informe anual, que no presenta cambios en esa «lista negra» respecto del año pasado.

Los cuatro países que integran esa lista, publicada en el Capítulo IV del informe, son los mismos que la CIDH mencionó en el documento de 2010, según el texto presentado por el mexicano José de Jesús Orozco ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Venezuela aparece en ese capítulo por «situaciones estructurales» como las modificaciones normativas «que afectan el goce de los derechos humanos», entre las que cita la Ley Habilitante, que concede poderes especiales al presidente durante 18 meses.

Además, cita la «fragilidad del Poder Judicial y su falta de independencia e imparcialidad» y el «uso abusivo del derecho penal» para obstaculizar la labor de los activistas.

Respecto de Colombia, la Comisión muestra su preocupación por los «reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares» y la consolidación de nuevos grupos armados, junto a la comisión de ejecuciones extrajudiciales «presuntamente por miembros de la Fuerza Pública» y las escasas condenas por esos hechos.

También lamenta el «grave problema del desplazamiento interno» en el país y valora la aprobación en junio de 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero al mismo tiempo señala la necesidad de implementar más medidas que fomenten la «restitución efectiva de tierras», dada la persistencia de la violencia.

Cuba, por su parte, repite en el Capítulo IV porque en 2011 persistieron en el país las «restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión» y de movimiento, la ausencia de elecciones y la «falta de independencia del Poder Judicial», según considera el organismo autónomo de la OEA.

Entre otras medidas, la Comisión insta a Cuba a declarar nulas las penas contra los disidentes condenados en la llamada «Primavera Negra» de 2003 y a eliminar de su Código Penal las figuras de la «peligrosidad» y la «especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos».

Honduras, incluida por primera vez en el Capítulo IV tras el golpe de Estado de 2009, permanece en él debido a sus persistentes violaciones en materia de «justicia, seguridad y discriminación», según el texto.

Agencias EFE y AFP