Un fallo unánime terminó con la carrera de Garzón

El juez Baltasar Garzón fue en persona a buscar la sentencia. En un primer momento se mostró abatido, pero luego dijo que apelará a tribunales internacionales.

Madrid - En un fallo unánime, el Tribunal Supremo español puso fin a la carrera judicial del juez Baltasar Garzón, al disponer su expulsión e inhabilitación por once años en la primera sentencia de las tres causas que le fueron abiertas en su contra. Aunque la condena de ayer es por la intervención de Garzón en una trama de corrupción del oficialista Partido Popular (PP), los ojos del mundo observan una represalia contra un magistrado que se atrevió a investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

Con el voto de los siete integrantes de la sala juzgadora, el Tribunal Supremo español falló: «Condenamos al acusado como autor responsable de un delito de prevaricación (prevaricato, fallar a sabiendas contrario a derecho) a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son ajenos». La sentencia dispuso «la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de Gobierno dentro del Poder Judicial». La Corte lo condenó además a una multa de seis euros al día durante 14 meses.

Los jueces supremos entendieron que Garzón violó el derecho de defensa de presos, al grabar las conversaciones con sus abogados. Los detenidos en cuestión eran presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida en España como «trama Gürtel», que en 2009 salpicó a altos dirigentes del PP, al que pertenece Mariano Rajoy. El caso involucraba a una empresa encargada de organizar eventos partidarios, comandada por Francisco Correa y Pablo Crespo, que a la postre se transformó en un embudo por el que debían pasar contratistas del Estado para acceder a negocios con Gobiernos regionales y municipales.

Garzón fue a buscar el fallo en persona y se mostró en un primer momento abatido. Por la noche emitió un comunicado en el que prometió «combatir» la condena. «Rechazo frontalmente la sentencia. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada».

«Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia», afirmó. «Mis derechos han sido sistemáticamente violentados», denunció el magistrado que logró la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 e inició causas contra decenas de represores, por ejemplo, argentinos.

La única instancia a la que podría acudir Garzón es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si bien los Estados miembros del también conocido como Tribunal de Estrasburgo están obligados a acatar las decisiones del tribunal europeo, la posibilidad de que se declare nulo el juicio condenatorio supondría un golpe a la Justicia española que no parece de fácil aplicación.

La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, representante del empresario José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón.

El exjuez aseguró haber ordenado las escuchas de abogados y detenidos de la «trama Gürtel» por sospechar que los letrados participaban en operaciones de blanqueo de dinero, un extremo que en la legislación española está contemplado para intervenir en lo que se considera el «derecho de defensa».

Sin embargo, con extrema dureza, el máximo tribunal consideró que éstas son «prácticas que en los tiempos actuales sólo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información».

Esta condena, explicó una fuente del Tribunal Supremo, «significa la expulsión de la carrera judicial» del juez, de 56 años, que dentro de 11 años tendría que pedir la reincorporación para poder volver a ejercer.

«Es la muerte de un profesional», declaró su abogado, Francisco Baena. «Decirle a un juez que no puede ser juez es tanto como una muerte», agregó.

La dura decisión de la Corte llegó un día después del fin de otro juicio contra Garzón, que despertó gran expectación dentro y fuera de España, por querer investigar más de 114.000 desapariciones durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) pese a una Ley de Amnistía (1977).

De ser declarado culpable, el magistrado puede ser condenado a hasta 20 años más de inhabilitación.

La coincidencia de estos casos y la existencia de un tercero para el que aún no se anunció el inicio de las audiencias llevaron a sus partidarios a denunciar una maniobra política.

Además de haber investigado los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), logrando incluso condenar en 2005 al exrepresor argentino Adolfo Scilingo a 1.084 años de cárcel, Garzón logró grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA. Pero también investigó a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado por el Gobierno socialista de Felipe González en los años 80 para eliminar físicamente a miembros de ETA.

Agencias AFP, EFE, ANSA, DPA y Reuters, y Ámbito Financiero