Un impulso para alicaído mercado inmobiliario

Los desarrolladores inmobiliarios aún no descorchan el champán, pero ya lo pusieron en la heladera para festejar en serio cuando salgan las leyes anunciadas ayer por Cristina de Kirchner. Es que uno de los mayores impedimentos para vender (y volver a construir) unidades de lujo era justamente la imposibilidad de un gran número de potenciales compradores de justificar el origen de los fondos aplicados a la transacción.

Seguramente por esa causa hoy se venden más los departamentos en Puerto Madero que, por caso, en Barrio Norte, Palermo o Belgrano: los compradores extranjeros -que no suelen tener el problema de «blanquear» sus dineros- se vuelcan al más nuevo de los barrios porteños; los compradores nacionales que podrían cambiar de domicilio no lo hacen porque no pueden explicarle al fisco con qué pagan sus nuevas residencias.

El cálculo de los expertos impositivos indica que en las actuales condiciones habría que pagar casi u$s 1,20 de impuestos y multas por cada u$s 1 que se repatrie. Los anuncios de ayer de la Presidente harán que se modifique este panorama de manera radical y sin duda harán revivir una industria como la de la construcción privada que ya mostraba preocupantes signos de entrar en una espiral descendente.

Siempre y cuando los dichos de la mandataria se traduzcan en leyes, quienes quieran comprar departamentos ya construidos (nuevos o usados) pagarán 6% sobre los fondos que traigan del exterior. Si, en cambio, deciden entrar en un fideicomiso para construir o comprar «desde el pozo» sólo abonarán 1%. Cabe apuntar que hoy las casas de cambio están cobrando hasta 5% por traer la plata «negra» de afuera del país, un porcentaje que necesariamente debería bajar.

Desde ya, quienes compren bienes (autos, casas terminadas, etc.) quedarán enganchados al pago anual del Impuesto a los Bienes Personales, cuya alícuota va de 1% a 1,5% sobre todo activo que supere los $ 300.000.

Los beneficios del blanqueo no sólo alcanzarán a quienes compran departamentos: también a los proveedores de la industria de la construcción. Es el caso de los dueños de corralones de materiales, que todo el tiempo hacen cuentas para no «caerse» de lo que declaran «en blanco». Eso les impide, por ejemplo, comprar camiones nuevos para renovar sus flotas.

Si bien es casi imposible lanzar una cifra con algún viso de seriedad, las estimaciones más habituales afirman que los fondos de argentinos depositados en el exterior rondan entre u$s 170 y 200 mil millones, la inmensa mayoría de ellos sin declarar. En la época de Carlos Menem, el cálculo los ubicaba en las cercanías de los u$s 130.000 millones; en el último año del gobierno de Fernando de la Rúa -cuando el derrumbe se vislumbraba inevitable- se fueron otros u$s 20.000 millones. Se estima que la migración siguió desde entonces a un ritmo promedio de u$s 7.000 millones anuales. La tentación de blanquearlos casi a costo cero chocará en muchos casos con el temor por el futuro: es que un gobierno que confiscó los fondos de las AFJP no es confiable en los índices que entrega a través del INDEC y está a punto de confiscar Aerolíneas Argentinas no provoca una tormenta de credibilidad, precisamente.

Lo que no termina de comprenderse del todo es el perdón a un costo de 8% que recibirán quienes elijan blanquear sus depósitos, pero los dejen donde están.