Un mal remedio para democracias degradadas

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Hacía tiempo que no se vivía en América Latina una ruptura de la legalidad constitucional como la ocurrida en Honduras. Más allá del «déjà vu», ¿puede equipararse esa crisis a los golpes de Estado que eran moneda corriente en la región en los años 60 y 70?

Ante la consulta de Ámbito Financiero, el ex vicecanciller Fernando Petrella dijo que, si bien «las formalidades reproducen claramente el esquema de golpes de Estado en América Latina en el pasado, la diferencia es que aquéllos tenían implicancias Este-Oeste, mientras que el hondureño parece nutrirse del descontento interno hacia un presidente que quería instituirse por encima de los demás poderes del Estado». Petrella subraya que «eso de ningún modo justifica el golpe, pero mientras los del pasado tenían un componente geopolítico externo, éste tiene un factor doméstico originado en los abusos del Gobierno de turno».

El docente Juan Recce, director del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), ve tanto vectores internos como externos: «Honduras es uno de los tres países más pobres de América Latina. Con un aparato estatal históricamente colapsado por la violencia de las pandillas delictivas armadas, no hay mucho espacio para los proyectos sino sólo para apagar los incendios y sobrevivir. El presidente depuesto, Manuel Zelaya, se alejó de los núcleos tradicionales del poder y quedó internamente solo, abandonado por la elite y con bajísima aprobación pública. Así, no tuvo más opción que buscar apoyo externo».

Esto introdujo el factor externo en la crisis -sigue diciendo Recce-, ya que «ser socio del presidente venezolano Hugo Chávez no es cosa menor, menos aún si ello implica un cambio sustancial de la naturaleza del sistema político. Y Zelaya siguió un patrón común a los demás países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que iniciaron procesos de revisión del modelo jurídico institucional de los Estados republicanos. Normalmente, éstos reforman sus constituciones habilitados por las facultades que derivan de su misma carta magna y preservan los aspectos pétreos de su modelo de vida jurídicamente organizado. Pero Bolivia, Venezuela y Ecuador han puesto a sus constituyentes por encima de las constituciones en vigor».

Para el ex senador y ex embajador Ricardo Lafferriere, el de Honduras «es un conflicto que se vincula más bien con el avance chavista y la resistencia que eso genera. La reacción fue torpe, pero éste no es un golpe de Estado tradicional, ejecutado en nombre de la seguridad nacional ni de un conflicto bipolar. El presidente en ejercicio planeaba él mismo una suerte de golpe de mano disolviendo el Congreso con respaldo bolivariano activo». «No apoyo este golpe, desde ya, pero este conflicto evidencia el peligro que implican los gobiernos que se colocan al borde de la legalidad, vaciando el Congreso, creyendo que ganar una elección da facultades para hacer cualquier cosa», expresó el ex legislador radical.

También Petrella destaca que «la Corte Suprema y el Tribunal Electoral hondureños le dijeron a Zelaya que no se podía hacer ese referendo».

Recce señala que «Zelaya desconoció principios democráticos como la división de poderes, el control por la oposición y la periodicidad en el cargo». «Ahora bien, tal conducta era pasible de un juicio político y no de un golpe de Estado», aclara.

En cuanto a la participación del Gobierno argentino en la crisis, el embajador Petrella la respalda: «El Gobierno ha seguido la mejor tradición argentina: involucrarse en las crisis constitucionales de los países amigos en defensa del sistema democrático. Así lo hicimos desde los tiempos de Contadora (grupo que facilitó el proceso de paz en Centroamérica en 1983), en Perú cuando (Alberto) Fujimori disolvió el Congreso, en la crisis con el general (Lino) Oviedo en Paraguay, en la paz entre Perú y Ecuador y en Haití en los 90. No puede hablarse de desmesura en la gestión argentina, porque aunque no haya tenido éxito, el exceso en defensa de la legalidad política nunca es condenable».

Lafferriere, en cambio, califica de «triste» esa participación, «como en una segunda línea del chavismo».

Recce considera que la iniciativa de Cristina de Kirchner «puede ser entendida como un gesto de buena voluntad en respaldo de la OEA, un actor en principio neutral. Pero el modelo de 'operativo' de restitución planteado trastoca algunos principios caros a la política internacional, como el de la no injerencia en los asuntos internos. La vida de las instituciones, su continuidad y calidad, en tanto no afecten fehacientemente la paz y la seguridad internacionales, no debe motivar la intromisión de terceros estados».

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