Un pasado (fugaz) en el Senado

 Los vericuetos legislativos de la nominación de Roberto Carlés se veían ayer acompañados entre los senadores opositores por otras precisiones, como el hecho de que el académico contaba con un contrato del Senado mientras coordinaba la comisión liderada por Eugenio Zaffaroni para reformar el Código Penal.

Es un dato conocido para la oposición a partir de que tanto el macrista Federico Pinedo como el radical Ricardo Gil Lavedra integraron ese grupo que se reunía, convocado por Carlés, una vez por semana en las oficinas de la Corte Suprema.

La difusión que ha comenzado a adquirir ese dato confirma la tesis deslizada apenas se conoció la postulación de Carlés que dice que ni siquiera el buen concepto papal que incide en su figura podría alcanzar para conseguir los nueve votos que al oficialismo le faltan en el Senado.

Durante ayer, la oposición se mantuvo en la línea de cuestionar a Carlés y fustigar al Gobierno por haberlo postulado.

Si bien se reconocen sus méritos académicos, también se han escuchado expresiones terminantes sobre el hecho de que no tiene experiencia ni en el ejercicio de la abogacía ni en la tarea jurisdiccional.

Aunque abundan especulaciones sobre su motivación para aceptar el rol que le ha adjudicado el kirchnerismo, ha ganado puntos la tesis de que, de naufragar su pliego en el Senado, posteriormente tendría un cargo de peso en el Ejecutivo que compensaría el destrato que recibirá en el Congreso.