29 de enero 2016 - 00:00

Un sistema bajo extrema presión

• La Convención de Ginebra para la Protección de los Refugiados (1951) establece la obligación de dar protección a personas que emigran de su país de origen argumentando temores bien fundados de persecución por motivos religiosos, raciales, nacionales o políticos.

•La Unión Europea tiene un sistema unificado de recepción y trámite de los pedidos de asilo, que incluye límites a su detención y el otorgamiento de asistencia legal gratuita.

•Sin embargo, la cantidad de pedidos que se acepta anualmente depende de cada Estado, lo que ha puesto bajo fuerte presión a los países más buscados por los migrantes, como Alemania y Suecia.

•La Regulación de Dublín obliga a procesar el pedido al país del bloque al que llegó en primer lugar el solicitante de asilo. En virtud de la actual crisis, que excedió todas las previsiones, países como Alemania comenzaron a procesar pedidos de personas que escapaban de la guerra civil en Siria por fuera de ese principio.

•Mientras se estudia la solicitud, el aspirante tiene derecho a recibir empleo y asistencia por nueve meses. Recientemente se denunció que en el Reino Unido se les coloca a los exiliados una pulsera roja con la que deben identificarse todo el tiempo a fin de poder recibir ayuda, práctica que ha facilitado su estigmatización y los ha convertido en blanco de ataques xenófobos.

•En tiempos normales, el trámite debería completarse en seis meses, pero el sistema está hoy colapsado.

•Países como Dinamarca y Alemania están comenzando a confiscar las propiedades de los refugiados para costear los gastos de su alojamiento y alimentación.

• Si el pedido es rechazado, el inmigrante tiene derecho a apelar ante un juez. Si el planteo es rechazado, es devuelto a su país de origen.

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