El Decreto 1.097 firmado por García la semana pasada señalaba que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia.
Asimismo, los delitos de lesa humanidad sólo podían ser considerados como tales desde 2003, cuando Perú suscribió acuerdos internacionales en la materia.
Bajo esta normativa, los crímenes cometidos por militares y policías durante los gobiernos de Alberto Fujimori y el propio Alan García.
Al amparo de esa ley, varios procesados pidieron su excarcelación, incluidos todos los miembros del grupo Colina, que cometió varios asesinatos en la década de 1990. Su demanda quedó ahora sin efecto.
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