Una trama de corrupción lastra al PP de España

Madrid - La grave crisis económica que mantiene atenazada a España ha llevado al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a sus horas más bajas desde que llegó al poder en 2004.

En teoría, esto debería beneficiar al conservador Partido Popular (PP), la principal fuerza de la oposición, y, de hecho, la más reciente encuesta del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) situaba al PP por delante de Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Zapatero en estimación de voto por primera vez en cinco años.

Sin embargo, una presunta trama de corrupción destapada hace ya casi ocho meses y que salpica a los «populares» se ha convertido en un pesado lastre para el partido liderado por Mariano Rajoy, toda vez que un informe policial filtrado recientemente a la prensa afirma que una vertiente de ese escándalo consistió en la financiación ilegal del PP en la región de Valencia, uno de los principales bastiones de los conservadores en el país.

La trama, destapada por una investigación del juez Baltasar Garzón, es conocida en España como el «caso Gürtel». El nombre, que en alemán significa «correa», se debe a que el principal imputado se llama Francisco Correa.

Este empresario, que ya lleva varios meses en prisión, montaba actos electorales y otros eventos del PP durante el mandato de José María Aznar (1996-2004) y después siguió haciendo negocios con ese partido, fundamentalmente en Madrid y Valencia.

Correa y sus presuntos cómplices están acusados de haber recibido jugosos contratos en municipios gobernados por el PP a cambio de pagar comisiones ilegales. Por ello, se les imputan delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

El hombre fuerte de Correa en Valencia era Álvaro Pérez, mejor conocido como «El Bigotes». Según el informe policial filtrado a la prensa, su empresa, Orange Market, cobraba los trabajos realizados para el PP mediante una doble contabilidad que incluía ingresos en «dinero negro» y facturas irregulares con la connivencia de la cúpula del partido y el Gobierno valenciano, el cual habría adjudicado contratos a otras empresas a cambio de que éstas pagaran parte de los gastos.

Si bien desde el PP se intenta desacreditar el informe policial, calificándolo como un montaje orquestado desde el Ministerio del Interior en Madrid, lo cierto es que el caso está causando serios dolores de cabeza a la principal fuerza de la oposición. Incluso la prensa cercana al partido no duda en hablar de una «crisis».

Debido al cariz que iba tomando el asunto, la cúpula del PP en Madrid empezó a presionar al presidente del Gobierno valenciano, el «popular» Francisco Camps, para que adoptara alguna medida «contundente», según lo formuló la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

Esto se interpretó como un requerimiento para que Camps destituya al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien según la Policía era la conexión de «El Bigotes» con el partido, o al vicepresidente primero del Ejecutivo regional, Vicente Rambla, quien también aparece mencionado en el informe de los investigadores.

Pero Camps se niega rotundamente, lo que ha causado «una guerra fría» entre la cúpula del PP valenciano y sus compañeros en Madrid, como lo califica el diario El Mundo.

«Yo no estoy gobernando para ningún partido, sino para los valencianos», dijo Camps, consciente de que es uno de los barones más poderosos del PP y uno de los principales soportes del presidente del partido, Rajoy, muchas veces criticado en sus propias filas por los sectores más conservadores de la formación.

El propio Camps, que gobierna con una cómoda mayoría absoluta, fue investigado por el «caso Gürtel» en relación con unos trajes que le habían regalado, pero hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en una polémica decisión, archivó el procedimiento.

Aun así, entre los militantes del PP hay voces que también piden la cabeza del presidente valenciano, debido al daño que a su juicio está causando a la imagen de su partido justamente en el momento de mayor debilidad del Gobierno socialista.

La tensión es tal que Rajoy y Camps mantuvieron el miércoles un encuentro confidencial de casi cinco horas en el restorán de un hotel en Cuenca, una ciudad ubicada en «terreno neutral» ya que se encuentra a mitad de camino entre Madrid y Valencia.

De lo que se habló en ese encuentro, que finalmente salió a la luz, nada se sabe. Pero lo cierto es que hoy Camps volvió a rechazar cualquier destitución y pidió, en cambio, la renuncia de Zapatero.

Así las cosas, el presidente valenciano parece, al menos por el momento, haber salido como ganador de esta pulseada interna. A Rajoy, en cambio, sus críticos vuelven a acusarlo de debilidad y falta de autoridad, lo que poco contribuye al despegue del PP que los militantes ansían.

Agencia DPA