Uribe dobla la apuesta como aliado de EE.UU.

Hoy es el último día que operará la base aérea de Manta, Ecuador, con aviones y tropas estadounidenses dedicadas al control del narcotráfico. Para los carteles y narcos, a partir de ahora habrá una zona semiliberada o menos supervisada entre el Pacífico y el Caribe, y a lo largo del corredor de la droga que transita por Ecuador, Colombia y Venezuela.

Por un tiempo. Hasta que el Congreso de Bogotá apruebe el acuerdo firmado este febrero en Washington entre los gobiernos de Alvaro Uribe y Barack Obama, que permitirá a los efectivos y cazas de EE.UU. que hasta ahora operaban desde Manta -única base de EE.UU. en Sudamérica-, en adelante lo hagan desde tres aeropuertos colombianos.

Pero, en tiempos preelectorales como los actuales en Colombia, al Gobierno de Uribe le resultará trabajosa esa votación. Como viene siendo la «recolocación» de Manta. Es que desde 2006, en campaña presidencial, el actual mandatario ecuatoriano Rafael Correa incorporó el «no a la renovación del contrato por Manta» a su plataforma electoral. Y cumplió. En 2008, en la campaña presidencial en EE.UU., y con la fecha de la caducación (17 de setiembre de 2009) del contrato por 10 años ya encima, el debate por Manta y su ubicación futura se perdió en los pasillos del Capitolio.

Amagues infructuosos

Hubo, sí, algunos amagues de trasladar la base a Perú. Infructuosos. Otros, de recolocarla en Colombia, en La Guajira, la península compartida con Venezuela, y que habría habilitado, desde esa posible base aérea, el control tanto del Caribe como del Pacífico. Fiel a su libreto de siempre, Hugo Chávez puso el grito en el cielo, y acusó de invasores tanto a los «pitiyanquis» colombianos como a los «yanquis» del Norte.

Apenas se inauguró la administración Obama, el canciller colombiano Jaime Bermúdez y el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos (hoy es candidato presidencial) se apuraron a cerrar un acuerdo de cooperación con EE.UU.

Es que a Colombia se le viene la noche con otra caducación, la del Plan Colombia, firmado entre Washington y Bogotá en 2000, por el que EE.UU. ya contribuyó con u$s 5.500 millones en ayuda militar y económica para la erradicación del cultivo de coca y tráfico de droga.

Se puede comprender el apremio de los colombianos con apenas este dato: el 60% de la droga apresada en Ecuador, Colombia y Venezuela en los últimos años se debió a la inteligencia y control originado desde la base de Manta, mediante los vuelos de los AWAK y F-16, que a diario salían de ese aeropuerto en la costa del Pacífico, según citó ayer el periódico El Tiempo. A eso se le suma los resultados de la investigación ordenada por el Congreso norteamericano, que acaban de trascender, por los que se probaría que la Guardia Nacional venezolana estaría seriamente comprometida con el tráfico de estupefacientes (ver página 17).

Así, Colombia no quiere quedar atrapada entre una «zona liberada» del control e inteligencia del narcotráfico (que hasta hoy le correspondía a Manta) y un estado, como el venezolano, sospechado de hacerle la vista gorda a los narcos.

Por eso es que, ajustándose a los lineamientos del Plan Colombia (no se permitirán más de 800 militares ni más de 600 contratistas de nacionalidad norteamericana en suelo colombiano) es que Bogotá cedería el uso de los aeropuertos de Apiay, Malambo y Palanquero, para efectivos y aviones antinarcóticos. Con una gran diferencia, en este caso, con lo firmado en 1999 por Ecuador por Manta. Como dijo ayer el canciller Bermúdez, el acuerdo «va más allá del narcotráfico: es un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos».

El acuerdo, por lo tanto, de ser aprobado por el Congreso en Bogotá, daría enormes ventajas a Colombia. Por un lado, la inclusión del factor «antiterrorismo» (no incluido en el acuerdo de Manta) y, por el otro, el acceso para Colombia a la información de inteligencia en tiempo real recolectada por los aviones estadounidenses. Una manera de continuar la sociedad con Washington iniciada con el Plan Colombia.