VELAN ARMAS: Estiletazos judiciales con poco filo

Los abogados de ambas partes lo llaman un empate técnico o tablas, en la jerga ajedrecística. Se refieren así al estado actual de las causas judiciales cruzadas entre las CGT de Antonio Caló y Hugo Moyano por la paternidad de la central obrera mayoritaria. Pero esa equiparación esconde una señal política que no debería desatender el Gobierno en su afán por mantener distanciadas las principales fracciones del movimiento obrero.

Una causa iniciada por el camionero tramita a fuego lento en la Justicia federal y apunta a la eventual responsabilidad penal de los funcionarios que avalaron la elección del metalúrgico. Otra, presentada por los gordos del sector oficialista, intenta desacreditar los pasos administrativos que siguió Moyano para hacerse reelegir en julio pasado como secretario general y está a cargo de jueces laborales.

Sin demasiada preocupación por parte de sus impulsores, ambos expedientes entraron en un letargo a poco de haber sido radicados. La razón es común: los jueces interpretan que se trata de una confrontación que debe ser resuelta en el plano político y no en el jurídico, como la mayor parte de las causas de alto impacto que dirime obligadamente el Poder Judicial.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral está a cargo de la demanda planteada por Moyano. En ella, el camionero alega que el 3 de octubre pasado los dirigentes oficialistas eligieron a Caló en tiempo récord (a razón de pocos segundos por voto en cada cuarto oscuro) y sin haber presentado las acreditaciones correspondientes de cada congresal. Y que, por lo tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los funcionarios que debieron monitorear el proceso, incumplieron sus deberes al haber avalado el acto eleccionario y otorgado la certificación a las nuevas autoridades.

En privado, Canicoba Corral exhibe una marcada abulia respecto del expediente. Más allá de las pruebas que le pidieron los abogados denunciantes Eduardo Guarna y Hugo Antonio Moyano (uno de los hijos del sindicalista), el magistrado optó por sumergir el sumario en los vericuetos tribunalicios: además de la documentación que le pidió al Ministerio de Trabajo, también le solicitó a la Cámara laboral copias de la causa que instruyen en ese fuero.

Es más: el planteo aclara que las copias deberán ser remitidas una vez resuelta la demanda de los gordos, lo que puede demorar el trámite por meses. Dicho de otra forma, hasta tanto la Cámara laboral no dé impulso definitivo a su expediente, Canicoba Corral tendrá argumentos para no mover el suyo. Los asesores legales del camionero aclararon que no tienen órdenes de poner el grito en el cielo frente a ese previsible letargo.

Tampoco las recibieron los letrados de Armando Cavalieri (Comercio), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Carlos West Ocampo (Sanidad) y Ricardo Pignanelli (mecánicos de SMATA), que vieron diluirse rápidamente la denuncia de sus mandantes por las recusaciones que planteó Moyano a varios de los camaristas que deberán resolver el diferendo.

Cerca de Moyano explicaron que no está en el espíritu del camionero encarnizarse con Tomada y mucho menos con los funcionarios de menor rango que dieron su aval para la elección de Caló. Y que tampoco se desvive por un reconocimiento legal que sabe no llegará de parte del Gobierno. Sus contrincantes piensan parecido y hasta reconocen que el certificado de defunción de ambas denuncias puede constituirse en un guiño hacia una eventual reconciliación.

Una vez más, la génesis de ese argumento es el propio Gobierno. La falta sostenida de respuestas a todas las demandas, la demora en resolver Ganancias, asignaciones familiares y, sobre todo, la parálisis de los reintegros destinados a las obras sociales, vuelven a poner a los rivales a las puertas de su enésimo armisticio.

@marianoemartin