"El jueves (por mañana) vamos a aprobar en su primera discusión la Ley de Producción Nacional", adelantó el diputado opositor Julio Borges, quien indicó que la propuesta busca darle un "vuelco radical" al modelo estatista que rige en Venezuela y que tildó de "fracaso".
Con este plan -añadió Borges- unas 1.200 firmas confiscadas por los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro "serían devueltas al país, a los pequeños y medianos productores". Para ello, la AN realizará una auditoría de dichas compañías, de las cuales 300 son productoras de alimentos -en grave escasez-, cuyas marcas "no se ven por ningún lado", recalcó el parlamentario.
"En Venezuela todos los sectores están afectados por los mismos problemas y por el cerco legal que sumergió al empresariado en un proceso de criminalización progresiva. La actividad empresarial ha caído con respecto a 2014 entre un 70% y un 80%, y ya en 2014 veníamos en descenso", afirmó Francisco Martínez, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), en una entrevista realizada en diciembre por Ámbito Financiero. "La única manera de eliminar la actual situación es con producción nacional. Producción de bienes y servicios hecho en Venezuela por venezolanos. El modelo está completamente agotado", remarcó.
Borges manifestó que la iniciativa también apunta a entregar a productores agrícolas cuatro millones de hectáreas de "las mejores tierras del país", que "están en manos del Gobierno", pero "son un cementerio, no dan fruto, no dan comida, nadie las está trabajando". "Vamos a hacer a través de la ley todo lo que es el arqueo de estas tierras para que sean también dadas a los pequeños y medianos productores, se puedan entregar en concesión o alquiler y se las ponga a producir", recalcó.
A la fecha no se cuenta con estadísticas oficiales en las que se especifique la cantidad de terrenos que fueron tomados, si bien se estima sobre la base de algunas declaraciones públicas de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) y del Instituto Nacional de Tierras (INTI) que los predios serían 1.200, es decir, 5,7 millones de hectáreas.
Desde el punto de vista jurídico, las autoridades argumentan haber realizado los procedimientos tal y como se establece en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada en 2001 por decreto. Sin embargo, sectores de la oposición denuncian una flagrante violación del artículo 115 de la Constitución -que establece el derecho a la propiedad- y la ausencia de indemnizaciones. Más allá de los polémicos modos impuestos por Hugo Chávez para llegar a sus objetivos, y la continuidad ejercida por su sucesor, la empresa de llegar a la "soberanía alimentaria" naufragó desde la hora cero, y entre el 85% y el 90% los campos en cuestión son actualmente improductivos por motivos relacionados con su distribución entre la población y su posterior explotación.
El legislador explicó que el proyecto prevé igualmente incentivos tributarios para la inversión privada que, además, demande mano de obra local: "Buscamos que este sistema que tenemos hoy, que lo que ha hecho es destruir empresas, empleo, marcas venezolanas, pase a un modelo donde lo que se privilegie sea la inversión venezolana, la creación de empleo".
Venezuela se halla sumergida en una profunda crisis agravada por la caída de los precios del petróleo, generador del 96% de las divisas de este país altamente dependiente de las importaciones.
La debacle se refleja en una escasez de alimentos, medicamentos y artículos de cuidado personal de un 67%, según cálculos privados, y una inflación anualizada del 141,5% a septiembre de 2015. Para enfrentar la situación, Maduro decretó una emergencia económica por 60 días, y se dispone a anunciar medidas que según él apuntan a pasar de un modelo rentista petrolero a uno productivo.
Aunque la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuenta con la mayoría parlamentaria, no se descarta que el texto aprobado sea vetado luego por Maduro.
| Agencia AFP y Ámbito Financiero |
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