Vigilar al vigilante, respuesta de Obama a la brutalidad policial

 Washington - Vigilar al vigilante es la medida más tangible que tomó el Gobierno de Barack Obama para contener los problemas de abuso policial ocurridos en Estados Unidos en los últimos meses, episodios cargados de un fuerte tinte racial en los que las víctimas mortales resultaron ser ciudadanos afroamericanos.

Siguiendo el dicho de que una imagen vale más que mil palabras, el Gobierno puso la semana pasada u$s 17 millones sobre la mesa para cámaras y supervisión de agentes con el objetivo de evitar casos como el de Freddie Gray, muerto bajo custodia policial en Baltimore (Maryland) el 19 de abril. Esta acción, en el marco del plan anunciado en diciembre por Obama para financiar con u$s 75 millones 50.000 cámaras, se suma a otras medidas de reconciliación, como el proyecto piloto de diálogo entre policía y ciudadanos en seis ciudades del país.

"Las cámaras ayudarían a todos. Ayudarían a proteger a los ciudadanos de los abusos de la Policía y, al mismo tiempo, darían a los agentes protección frente a acusaciones falsas", argumentó Monica Hopkins-Maxwell, de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).

"Las cámaras sólo servirán si se implementan con políticas firmes, que garanticen protección al público sin que se conviertan en un nuevo sistema de vigilancia masiva", subrayó la directora en Washington de ACLU, una de las organizaciones de derechos civiles más importantes del país, e insistió que los aparatos deben de ser diseñadas de forma que los agentes no puedan modificar el contenido de las imágenes.

Aunque está de acuerdo con la prohibición de editar los contenidos, la Police Executive Research Forum, una organización de policías a nivel nacional, apuesta por políticas que den mayor margen de maniobra a los agentes para que ellos sean los que decidan qué es lo que deben o no grabar. En una guía para el uso de estas cámaras, ponen de ejemplo la escena de un homicidio o una violación, en la que un testigo o una víctima puede ser reticente a ser grabado en video, negarse a declarar bajo esas condiciones o, incluso, modificar sus confesiones, lo que dificultaría la resolución del crimen.

Más allá de cuestiones de procedimiento, el precio de entre 100 y 1.000 dólares es una de las mayores dificultades para hacer que los policías lleven enganchados a sus uniformes o sus cascos estos pequeños artefactos. A pesar de ello, hasta abril, 117 proyectos de ley para instaurar estos sistemas de seguimiento estaban bajo consideración de las legislaturas de 34 estados.

La idea de incorporar sistemas de grabación a los uniformes de los agentes ganó fuerza tras la muerte en agosto del joven afroamericano Michael Brown en Ferguson (Misuri), pero la existencia de imágenes no garantiza una condena. Un ejemplo de eso fue la grabación en video por un transeúnte de la muerte del afroamericano Eric Garner, de 43 años y asmático, que resultó asfixiado cuando un policía de Nueva York lo inmovilizó con una maniobra prohibida por varios departamentos del cuerpo. Tanto el policía que mató a Brown como el que terminó con la vida de Garner fueron exonerados de todos los cargos y actualmente se encuentran en libertad.

Agencia EFE