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Vuelve la Justicia con denuncia a Kirchner
Julio De Vido
Comodoro Py: la causa por supuestos sobreprecios por más de $ 150 millones, en la obra de la red de transporte de Alta Tensión en el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado, será presentada por la Coalición Cívica ante el juez a cargo del caso, Julián Ercolini. La acusación (cuyos números fueron confirmados por informes de la Auditoría General de la Nación y de la misma Secretaría de Energía) apuntaría «al corazón del negocio de Kirchner», según aseguró la líder de la CC, Elisa Carrió, y promete ser apenas el comienzo de la revelación de una presunta estructura fraudulenta construida en torno a obras públicas, especialmente de energía. Por el momento, la demanda imputa, además de al ex presidente, al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al secretario de Energía, Daniel Cameron.
La presentación ya había sido anunciada a mediados de enero, luego de la publicación de un informe sobre el tema de la AGN, que confirmaba la acusación realizada por los diputados de la CC, Juan Carlos Morán y Adrián Pérez, en junio de 2008. Esta auditoría generó una lucha interna entre el presidente del organismo de control, Leandro Despouy (radical), y el resto del cuerpo de auditores, que son oficialistas. Las tensiones por la filtración a los medios de este informe, antes de que fuera publicado por la página oficial de la AGN, desembocaron en la pretensión de los representantes kirchneristas de quitar a Despouy el control de la comunicación del organismo y transformarlo en una tarea del cuerpo. La medida (que aún no fue puesta en práctica) fue repudiada por los partidos opositores, que la consideraron un avasallamiento de los organismos de control por parte del Gobierno.
El informe que generó la polémica se reactivará ahora, en medio de esta pelea interna de la AGN, con la ampliación que la CC presentará el lunes. Las obras en el tramo mencionado fueron finalizadas en 2006 y habrían costado más del 48% que otra obra de idénticas características, realizada entre Choele-Choel y Puerto Madryn. Ambas estuvieron a cargo de la empresa Intesar, que forma parte de Electroingeniería.
Dentro de la ampliación de la denuncia también se pedirá que se investigue si para esta obra se utilizó el Fondo Eléctrico de la Provincia de Santa Cruz, creado en 1989, para la financiación de obras de interconexión en la provincia. Este fondo fue sustentado con Aportes del Tesoro Nacional (y puntualmente por todos los usuarios de luz de la Argentina, ya que era un impuesto con carga específica).
«Todo el mundo sabe que hubo coimas en esa obra», aseguró Morán y explicó que estos sobornos serían en realidad lo declarado como «gastos de consultoría y anticipos». El desembolso realizado en esta primera parte del pago es equivalente a la diferencia de dinero invertida en la primera obra realizada y la denunciada. El diputado agregó que no es la primera vez que se observan estas diferencias de gastos, sino que, por el contrario, sería una típica modalidad para encubrir coimas, y dio como ejemplo el 19,5% del total que se pagó en el caso del tren bala en gastos de consultoría.
En este sentido, la CC considera que tanto Electroingeniería como los funcionarios señalados del Gobierno forman parte de una supuesta estructura fraudulenta, ya que todos aparecerían repetidamente en casos como Skanska, el valijero Antonini Wilson (Intesar figuraría en la lista de llamado que realizó Claudio Uberti esa madrugada) y el tren bala (a través de una subcontratación), entre otros.
Paralelamente, según Pérez, estos supuestos negocios ilícitos intentarían ser disimulados a través de una progresiva estrategia de «vaciamiento de los organismos públicos de control». La pelea entre el procurador general, Esteban Righi, y el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido (por la delimitación de sus funciones), la interna de la AGN y el reciente nombramiento Julio Vitobello (hombre que juega al fútbol con Kirchner y fue denunciado por distintas ONG debido a su desempeño como titular de la SIGEN) como director de la Oficina Anticorrupción serían sólo algunos ejemplos de esta estrategia.


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