Vuelve Oyarbide: fin de vacaciones para Schoklender

El regreso a los tribunales de Comodoro Py del juez federal Norberto Oyarbide esta semana, tras sus vacaciones caribeñas, marcan la reactivación de la pesquisa contra Sergio Schoklender por supuesto lavado de dinero y defraudación. El primer paso será definir la ronda de indagatorias en base al pedido que elevó el fiscal federal Jorge Di Lello a fines de diciembre pasado, en el que incluyó los interrogatorios de Pablo Schoklender, además de Sergio, Alejandra Bonafini, hija de Hebe, y más de 60 imputados.

El caso investiga a la exmano derecha de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo y sus principales colaboradores por los presuntos delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero. En su dictamen del 27 de diciembre pasado, Di Lello consideró a Sergio Schoklender como uno de los principales responsables de una presunta organización ilícita que ocasionó «un perjuicio patrimonial al Estado nacional» al darse un «cuantioso desvío o pérdida de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales para ciudadanos de humilde condición económica y carente de vivienda propia» que ascendería a unos $ 50 millones.

Además del interrogatorio al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Oyarbide deberá definir si hace lugar a los pedidos del fiscal y cita a indagatoria a la exmujer de Sergio, Viviana Sala; a su hermano Pablo; a Alejandra Bonafini; a Gustavo Serventich, expiloto del avión de transportaba a Sergio; al empresario Alejandro Gotkin, y a otras decenas de imputados.

El juez también deberá evaluar la situación de Hebe de Bonafini, sobre quien Di Lello no pidió una citación indagatoria pero sí le adjudicó «eventuales responsabilidades políticas y civiles pero no penales» en el caso. En este punto, serán significativos los resultados de la segunda pericia caligráfica ordenada por Oyarbide respecto a un contrato firmado entre la Fundación Madres y Meldorek el 28 de diciembre de 2010 para la construcción de viviendas sociales en el marco del programa «Sueños Compartidos» y por un monto total de unos $ 10 millones.

El año pasado, un informe de expertos de Gendarmería estableció que esa firma fue apócrifa, pero éste fue cuestionado por los acusados porque no les permitieron designar perito de parte, por lo que Oyarbide ordenó un nuevo estudio, esta vez, con profesionales designados por los abogados defensores. Por su parte, en forma extraoficial, los peritos de parte de la defensa, algunos vinculados al Colegio de Calígrafos Públicos de la Ciudad, adelantaron en forma extraoficial que la firma es supuestamente auténtica y corresponde a Bonafini. Por esta razón, los resultados del nuevo análisis podrían determinar que Bonafini sea definitivamente desvinculada de la causa o se complique su situación en la pesquisa.

La otra pericia encargada a peritos de la Corte y a especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UBA, está destinada a definir las obras realizadas por la Fundación, su costo, así como si los valores pactados condicen con los contratos firmados, para determinar si hubo sobreprecios.

Mientras espera las definiciones del juez, Di Lello, por su parte, comenzará a trabajar en la ampliación de su requerimiento y en acelerar los pasos para que la causa sea elevada a juicio oral, en lo posible, en 2012. En este sentido, el regreso de Oyarbide a Comodoro Py y la finalización de la feria judicial prometen la reactivación de uno de los casos judiciales más explosivos para el Gobierno y un extenso proceso de declaraciones cruzadas, informes financieros y dichos polémicos a lo largo de este año.