El Decreto 771/2026 modificó las competencias de los ministerios de Salud y Economía. La cartera sanitaria tendrá a su cargo la rectoría y normatización en materia alimentaria, mientras que Economía fiscalizará la cadena agroalimentaria.
Archivo. El Decreto 771/2026 modificó las competencias de los ministerios de Salud y Economía.
El Gobierno nacional incorporó la prevención y el tratamiento de la ludopatía a las funciones del Ministerio de Salud y modificó las competencias estatales vinculadas con el control sanitario de los alimentos. Los cambios fueron establecidos mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
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La medida modifica distintos artículos de la Ley de Ministerios N° 22.520 y establece nuevas responsabilidades para las carteras de Salud y Economía en materia sanitaria, alimentaria y de prevención de consumos problemáticos.
Uno de los principales cambios establece que el Ministerio de Economía tendrá entre sus atribuciones la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera. También quedará a su cargo la normalización, registro y control de la sanidad, calidad higiénico-sanitaria e inocuidad de productos agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, alimentos dietéticos y alimentos acondicionados.
Estas tareas deberán desarrollarse a lo largo de toda la cadena, desde la producción y transformación hasta el almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación.
En paralelo, el Ministerio de Salud tendrá intervención en la rectoría y normatización en materia de alimentos, dentro de su ámbito de competencia. Según los fundamentos del decreto, el objetivo es que las políticas públicas vinculadas con la alimentación estén orientadas prioritariamente a la protección y promoción de la salud de la población.
La normativa también redefine algunas funciones de Salud relacionadas con productos de higiene, cosmética y uso doméstico. La cartera continuará interviniendo en la fiscalización de medicamentos, productos biológicos, drogas, hierbas medicinales y material de aplicación médica, además de participar en la determinación de sustancias prohibidas o de uso condicionado en productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico.
Otro de los ejes centrales del decreto es la incorporación explícita de la ludopatía vinculada con juegos de azar y apuestas dentro de las responsabilidades del Ministerio de Salud.
La cartera deberá intervenir en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, además de desarrollar acciones de prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía.
Para fundamentar la decisión, el Gobierno citó datos del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025. Según ese relevamiento, más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año.
El decreto señala además que la prevalencia de las apuestas es significativamente mayor cuando se realizan mediante plataformas digitales.
En los considerandos, el Gobierno caracteriza a la ludopatía como un trastorno asociado con la pérdida de control sobre la conducta de juego, la continuidad de esa conducta pese a sus consecuencias negativas y una afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral.
La norma también sostiene que la ludopatía comparte características con otros consumos problemáticos y considera que la prevención, la detección temprana, la asistencia y la rehabilitación de las personas afectadas forman parte de las políticas públicas de salud.
En ese marco, el Gobierno planteó la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales destinadas a la prevención, las campañas de concientización, la producción de evidencia, la capacitación de los equipos de salud y el desarrollo de dispositivos asistenciales especializados.
El decreto también precisa las responsabilidades estatales sobre la fiscalización y el control sanitario de los alimentos. La reorganización comprende los productos, subproductos y derivados agroalimentarios, además de bebidas, aguas minerales, alimentos dietéticos y acondicionados, cualquiera sea su origen.
Las nuevas competencias abarcan también los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana, durante las distintas etapas de producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación.
Por otra parte, la normativa contempla la intervención estatal sobre la fiscalización de productos medicinales, biológicos, drogas, hierbas medicinales y material médico, junto con la determinación de sustancias prohibidas o de uso condicionado en productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico.
De esta manera, el Decreto 771/2026 redefine el reparto de competencias entre los ministerios involucrados y suma de manera expresa la prevención y el abordaje de la ludopatía al conjunto de políticas de salud pública.