Brasilia - La Policía Federal de Brasil arrestó ayer a un alto oficial de la Policía Militar (estadual) del Distrito Federal que dirigió las operaciones de seguridad en Brasilia el 8 de enero, cuando partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado.
El Supremo de Brasil ordenó la detención del jefe policial que no impidió el golpismo del 8-E
Jorge Naime había sido designado por el también arrestado secretario de Seguridad de la capital y exministro de Bolsonaro, Anderson Torres. La investigación llevó a 600 procesamientos y a una causa contra el expresidente.
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El coronel Jorge Eduardo Naime Barreto fue el objetivo principal de la quinta fase de una operación lanzada el mes pasado con el fin de identificar a personas que participaron, financiaron o fomentaron los disturbios.
Naime Barreto es sospechoso de omisión dolosa ante la planificación de la seguridad, añadieron las fuentes. El uniformado era cuando se perpetró la asonada jefe del Departamento de Operaciones de la Policía Militar brasiliense.
Según fuentes policiales citadas por la prensa local, el sospechoso apareció a las 18 del domingo 8 de enero en el Planalto luego del asalto.
Su designación había sido decidida por el entonces secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y ahora detenido bajo cargos de haber liberado la zona para que se perpetrara la acción desestabilizadora.
La Policía Federal (PF) confirmó en un comunicado que había llevado a cabo nuevas redadas como parte de la investigación sobre la insurrección bolsonarista del 8 de enero, cuando una turba invadió y saqueó el Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal (STF) con la finalidad de crear un estado de conmoción social que gatillara un golpe militar.
Desestabilización
Los manifestantes protestaban contra la derrota de Bolsonaro ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, que -al igual que el mandatario saliente- calificaban de fraudulenta, y pedían un golpe para derrocar a Lula da Silva y restaurar al líder de extrema derecha. La Policía dijo haber cumplido tres órdenes de detención temporal, una orden de detención preventiva y seis órdenes de registro e incautación en el distrito federal –donde se encuentra Brasilia– por orden del Supremo.
La PF añadió que las personas objeto de las redadas eran investigadas por los delitos de “abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado, daños calificados, asociación criminal, incitación, destrucción y deterioro de bienes especialmente protegidos”.
Más de 2.000 personas fueron detenidas luego del asalto a la sede de los poderes y la Procuración General de la República ha elevado denuncias formales contra poco más de 600, según se informó oficialmente.
Los delitos son investigados por el STF e incluyen un proceso contra el expresidente Bolsonaro, quien abandonó Brasil el 30 de diciembre para instalarse con visa de turista de seis meses en Orlando, Estados Unidos.
El fin de semana del asalto a los poderes, el exministro y entonces secretario de Seguridad de Brasilia, Torres estaba en Orlando con Bolsonaro, tras lo cual regresó a Brasil y fue detenido por orden del juez supremo Alexandre de Moraes.
Es por eso que el presidente Lula da Silva intervino la seguridad del gobierno estadual de Brasilia.
“El Estado de derecho debe protegerse de sus homicidas”, dijo sobre la operación de ayer el ministro de Justicia, Flávio Dino.
En tanto, la fiscalía de la justicia militar abrió investigaciones contra ocho oficiales del Ejército por su posible participación en delitos vinculados a los sucesos del 8-E. Eso es así debido a que los militantes de ultraderecha actuaron desde un campamento montado durante dos meses frente al cuartel general del Ejército en la capital brasileña, desconociendo los resultados de la elección de 2022 en la que Lula da Silva venció a Bolsonaro.




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