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Las razones de los descargos responderían fundamentalmente a dos causas: en primer lugar, el fallo dictado hace más de un mes por la jueza Informate más
La sentencia dictada por En tanto, el debate por el débil límite entre violación a la privacidad y la libertad de prensa sigue vigente. La tecnología ha permitido, además de las cámaras ocultas, el acecho de micrófonos de todo tipo, detectores digitales, visores infrarrojos y cámaras sofisticadas, entre otros microdispositivos que cuestan entre 1.000 y 10.000 dólares para usos múltiples: montaje de casas «Gran hermano», cámaras complices para avergonzar a anónimos, y cámaras ocultas en programas periodísticos.
Este diario consultó a varios referentes en la materia que sostienen posturas contrapuestas respecto de la legislación vigente. Por un lado, están los partidarios de la regulación de las cámaras ocultas, que va desde una restricción selectiva hasta la prohibición lisa y llana, casi siempre sostenida por legisladores; por otra parte, hay quienes que bregan por la ausencia de regulación específica, mayormente periodistas y legistas.
Los fundamentos destacaban la incidencia de los avances tecnológicos, que hacen sencilla y accesible una práctica claramente lesiva del derecho a la intimidad. La interpretación de conversaciones privadas sólo debería admitirse, según dicho proyecto, si fuera ordenada por un juez en el marco de una investigación judicial. La oposición (PJ en ese entonces) sostenía en cambio que una sanción a la utilización de las escuchas telefónicas y cámaras ocultas significaba una penalización para «el método que sirvió para desenmascarar casos de corrupción de los funcionarios». El proyecto no prosperó.
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