El negocio de la depredación de bienes culturales es el tercero en el ranking mundial luego del tráfico de drogas y de armas. La Argentina, país vulnerable, hizo poco y nada en el tema. Ahora intentará lidiar con lo alarmante de la situación a través de una campaña cuyo alcance y eficacia aún no pueden evaluarse. Ayer el secretario de Cultura José Nun y el director de Patrimonio, Américo Castilla (ahora a cargo del Museo de Bellas Artes, junto a un comité), presentaron las bases de esa «Campaña de prevención contra el tráfico ilícito de bienes culturales» durante un encuentro que se realizó en el Aeroparque Jorge Newbery, territorio de Teresa González Fernández (ex Solá), directora de relaciones institucionales de Aeropuertos Argentina 2000.
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El acto fue breve y, obviamente, con locutor (a Nun le encanta), quien presentó a los oradores ante una treintena de personas. González Fernández consideró la campaña «política de Estado». Castilla aclaró que el proyecto de difusión se realizará a través de un sitio en internet con la «lista roja» de bienes a resguardar, y un spot publicitario que se difundirá en 14 aeropuertos, dos puertos internacionales del país, y más de 50 pasos de frontera entre noviembre de 2006 y marzo de 2007.
El problema es que Nun pretende, optimistamente, gendarmes cultos, capaces de detectar piezas de valor cultural. Para ello se apoyó en un caso: contó la historia de un pasajero estadounidense que pretendía hacer pasar por nuestra frontera una auténtica reliquia arqueológica, como si fuera una artesanía sin importancia. Agregó que un precavido empleado de aduana detectó el valor de la pieza, frustró al traficante y además brindó el primer dato para desbaratar una red de delincuentes que ya había sacado 60.000 piezas del país. Hace pocos años, un pintor español que vino a exponer sus obras a Buenos Aires, contaba que aspiraba a llevarse un souvenir de nuestra tierra: un fósil de dinosaurio.
En países como EE.UU., Brasil, Colombia o Chile, además de implicar en la lucha contra el tráfico ilegal de estos bienes a la sociedad y sus organizaciones, incluyen a las ONG, coleccionistas, y en el caso de los bienes arqueológicos, a las comunidades indígenas. Consultado Castilla sobre la distancia que ha establecido la Secretaría de Cultura con varios coleccionistas argentinos, como el artista Antonio Seguí, dispuesto a mostrar sus tesoros (que ya se vieron en el Louvre) en su Córdoba natal, el director de Patrimonio aclaró tajante que algunas de las obras del pintor están siendo reclamadas por el gobierno de Perú.
Sobre las nuevas medidas, un coleccionista que prefirió dejar su nombre en reserva, aclaró que «es imprescindible preservar nuestra historia, eso no se discute». Pero añadió: «La Argentina eligió combatir a los que a su manera tratan de preservar y poner a disposición del público a este tipo de bienes. La ley sancionada en 2003 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico está copiada de una norma de los tiempos del fascismo italiano, y convierte a los coleccionistas argentinos en meros depositarios de sus bienes, ni siquiera menciona a las comunidades indígenas, dice que hay que cuidar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos pero no crea recursos para esto y, lo que es peor, deja todo en manos del Estado, y obviamente los arqueólogos no quieren ceder parte del monopolio. Esto es grave».
Nun anunció que prepara un nuevo proyectode ley de Patrimonio para presentar en el nuevo período legislativo, y que actualizará en parte la ley de Libre Circulación de obras de Arte, que está vigente pero no se cumple. Ante los rumores de que las bellísimas pinturas de Modigliani pertenecientes a la colección Crespo podrían haber salido del país con la anuencia oficial, Castilla negó el hecho y ofreció mostrar el listado de bienes culturales que parten hacia el extranjero.
«Es un documento público», observó. En suma, teniendo en cuenta que casi todos los museos del mundo -y la Argentina no es la excepción-, nacieron de colecciones privadas, donadas o transferidas al Estado, es de esperar que las nuevas leyes no acentúen la brecha entre el sector público y privado que con esta campaña comienza a cerrarse.
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