El Congreso ingresa esta semana en los últimos ocho días de sesiones extraordinarias, en un período que convocó Alberto Fernández desde el 23 de enero pasado y que tuvo poca actividad. Sobre el final, el Frente de Todos avanzará un poco más con el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia -comienza a desgastarse un poco la estrategia oficialista- e intentará reactivar los recintos de Diputados y el Senado, con encuentros que se realizarían en los recintos entre el jueves y el 28-2, según el caso.
La semana pasada, el kirchnerismo volvió a imponer su número en la comisión que sigue el proceso contra la Corte Suprema y activó una lista de testigos que declararán desde el jueves, en la que se destacan los magistrados federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla. También amplió los pedidos de pruebas, en una reunión donde se dieron varios cruces con la oposición.
Para las 11 de dicho día serán citados como testigos Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5 de la Corte; y Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración. Además, de las Secretarías Judiciales de la Corte Suprema se convocará a Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, Secretaría Judicial N° 2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, Secretaría de Juicios Originarios.
En tanto, de la vocalía de Horacio Rosatti se llamará a Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti. También se incorporaron como testigos al exsenador Mario Cimadevilla, solicitado por la Coalición Cívica; a Héctor Daniel Marchi, Secretaría General de Administración de la Corte Suprema; y a los ya citados Ramos y Ramos Padilla.
Ramos es el magistrado que archivó una denuncia por los chats filtrado entre Silvio Robles, hombre de confianza de Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño -en actual licencia-, Marcelo D’Alessandro.
Por su parte, Ramos Padilla se declaró incompetente para investigar la denuncia contra Robles del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y remitió las actuaciones a Comodoro Py, sin antes advertir que no hay pruebas para sostener que la filtración de los chats haya tenido origen en espionaje ilegal, como sostiene Juntos por el Cambio. Durante el fin de semana se conoció que el kirchnerismo agregó como testigo -a futuro- de alto riesgo a la referente principal de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
El problema que se le presenta al oficialismo, más allá de saber con anticipación que podrá avanzar en la comisión con sus votos propios pero nunca en el recinto -es imposible alcanzar los 2/3 para que la acusación pase al Senado-, es el desgaste semanal del tema. Por caso, el jefe del interbloque federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, propuso convocar al presidente y el kirchnerismo lo rechazó. Ello, sumado a otras negativas, llevaron al legislador a manifestar, en los últimos días, que “habrá que evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa comisión”.
Sesiones
La bancada federal de Rodríguez sería la clave, el martes 28-2, para que el Frente de Todos consiga sancionar la nueva moratoria previsional que el cristinismo apuró el año pasado, de manera exprés, en el Senado.
En Diputados, la iniciativa fue reclamada y trabajada durante meses por la propia titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, pese a los frenos por la puja política con la oposición. Desde Juntos por el Cambio se presentó un despacho de minoría para rechazar la moratoria y, en cambio, ofrecer prestaciones en relación con los años de aportes realizados.
También aparece consolidada la posibilidad de que el Senado no sólo adelante la sesión preparatoria del viernes 24 al jueves -se ratificarán a sus autoridades-, sino también de realizar otro encuentro el mismo día para sancionar un puñado de leyes de consenso.
El temario aún no está cerrado -por ejemplo, hay dudas en oficialismo y oposición por el “alcohol cero”- y tampoco hubo una definición en cuanto a si la titular de la Cámara alta, Cristina de Kirchner, estará presente en el recinto. Si se dispara una discusión por su condena -no firme-, el Frente de Todos trasladará la guerra contra la Corte.
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