Doble objetivo del Gobierno en el Senado: promover inversiones regionales y contentar a aliados

La Cámara alta avanza con el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR) y la regulación del mercado de carbono. Juró la senadora Claudia Cecilia López, en reemplazo del difunto Carlos Pagotto.

Para evitar un octubre sin sesiones, el Gobierno convocó a una sesión en el Senado e incluyó una serie de proyectos de autoría de sus aliados, que pretenden incentivar inversiones en economías regionales. La única iniciativa con firma libertaria, que pretende la reforma de la ley 26.657 de Salud Mental, quedará para después de la medianoche y continúan las negociaciones para conseguir su media sanción.

Las primeras cuatro horas de sesión fueron dedicadas a homenajes por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, además de conmemoraciones por los fallecimientos del sindicalista Norberto Di Próspero y el senador Carlos Pagotto. El legislador riojano de La Libertad Avanza fue reemplazado por Claudia Cecilia López, quien juró en el inicio de la jornada.

La expectativa oficialista es alcanzar la aprobación del Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR) y la regulación de un mercado de carbono, que buscan promover los mercados regionales de pymes y captar la atención de nuevos emprendimientos ambientales. Además, se incluirán otros dos proyectos de aliados: uno que dispone la obligatoriedad de los comercios del rubro gastronómico de incluir cartas adaptadas con pictogramas, de la chubutense Edith Terenzi; y otra que modificaría la ley 26.206 de Educación Nacional para promover el desarrollo de la educación emocional en el sistema educativo, del catamarqueño Flavio Fama.

Primera sesión en el Senado desde el 25 de septiembre.

Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes

El primer proyecto que se sometió a discusión fue el RIIR, iniciativa que tiene como impulsor al jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi. Al defender su iniciativa, el radical destacó la necesidad de "poner reglas claras de juego". Y aseguró que la Argentina tiene una "gran oportunidad" ya que cuenta con bienes que se demandan en el mundo, como alimentos y energía. Dicho esto, destacó: "Nos parece importante que este régimen sea aplicable a lo largo y ancho del país".

A grandes rasgos, la iniciativa busca atraer inversiones superiores a los u$s12 millones a partir de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y de la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por la actividad. A su vez, establece que los emprendimientos deben estar destinados a la fabricación o importación de "bienes muebles nuevos" -excepto automóviles-, o la realización de obras afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en territorio nacional.

La expectativa es que el régimen capte inversiones de las actividades más dinámicas de generación de empleo intensivo y que pueda concentrarse en las economías regionales, dado que las posibilidades en muchas provincias no pueden ser encuadradas por los regímenes ya aprobados (RIMI, RIGI) ni por el Súper RIGI, aún en debate en el Senado luego de conseguir 130 votos en Diputados. Precisamente, si una firma adhirió a otro programa será excluído de este proyecto.

El Senado homenajeó a Juan Carlos Pagotto en el inicio de la sesión.

Régimen de mercado del carbono

En septiembre se dictaminó en el Senado un régimen para institucionalizar los mecanismos de medición y seguimiento del mercado de carbono en la Argentina. El proyecto de la salteña Flavia Royón reglamentaría la comercialización de "créditos de carbono", que se obtienen cuando emprendimientos de sostenibilidad (reforestación, energía renovable o agricultura regenerativa) generan una reducción en la emisión, a compradores nacionales o extranjeros que precisen compensar sus propias emisiones de carbono.

La redacción crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que tendría mayores funciones que el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi) creado en 2021, que fiscaliza proyectos que deben demostrar que la reducción de emisiones no habría pasado sin su existencia y que es duradera en el tiempo. Como estímulo, tendrían estabilidad fiscal por 15 años y una serie de facilidades impositivas (en Ganancias, IVA y amortizaciones). Se establece seguridad jurídica con respecto a la propiedad del crédito, que pertenece al dueño de la tierra y no al Estado.

La medida implicaría un paso más en la construcción de capacidad regulatoria, establecería en la Argentina un marco legal similar al de la región (Brasil, Chile y Colombia ya se reglan por estos marcos) y destrabaría la actual iniciativa de mercados voluntarios. El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pidió por la aprobación del proyecto porque podría representar para el país unos u$s3.900 millones, además de inversiones territoriales de más de u$s2.000 millones. "Para transformar nuestra ventaja competitiva en inversión y empleo genuino, necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria", planteó el CAA en un comunicado.

Hay otros tres proyectos incluidos en el temario. El primero, de autoría de la chubutense Edith Terenzi, dispone la obligatoriedad de los comercios del rubro gastronómico de incluir cartas adaptadas con pictogramas, para personas con dificultad en el lenguaje. Existe otro, del catamarqueño Flavio Fama, que modificará la ley 26.206 de Educación Nacional para promover el desarrollo de la educación emocional en el sistema educativo, con hincapié en la atención de la salud mental. El último es la transferencia de inmuebles del Estado nacional a favor de la Municipalidad de Puerto Madryn.