El gobierno habilitará desde el 1 de agosto un régimen voluntario para que las empresas mineras entreguen parte de su producción al Estado. A cambio, los operadores calificados accederán a energía con tarifa regulada durante 10 años.
Kazajistán habilitará desde agosto un régimen para que mineros de Bitcoin entreguen 10% de su producción al Estado y ayuden a crear una reserva soberana de BTC.
Kazajistán avanzará con un esquema para utilizar la minería de Bitcoin y otras criptomonedas como herramienta para construir una reserva soberana de activos digitales. La medida entrará en vigor el 1 de agosto de 2026 y permitirá que empresas del sector entreguen el 10% de su producción mensual de BTC al Estado.
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El régimen será voluntario y estará orientado a operadores calificados de minería digital. A cambio de esa contribución, las compañías podrán acceder a cuotas horarias de electricidad con tarifas límite garantizadas durante un plazo de 10 años.
La iniciativa fue formalizada mediante el Decreto n.º 638, firmado el 18 de julio por el primer ministro Olzhas Bektenov, que aprobó las reglas para la “minería digital estratégica”. El objetivo oficial es acumular criptoactivos en una reserva estatal y, al mismo tiempo, dar previsibilidad energética a una industria de alto consumo eléctrico.
La normativa establece que los mineros podrán transferir al Estado el 10% de sus ganancias mensuales en BTC, una vez descontados los costos operativos de electricidad y red.
Los activos captados serán destinados al fondo autónomo Astana Hub, que luego transferirá la gestión fiduciaria a la Corporación Nacional de Inversiones del Banco Nacional de Kazajistán. Esa institución será la encargada de administrar los fondos para alimentar el “reservorio estratégico nacional de criptoactivos”.
El modelo combina dos objetivos. Por un lado, el Estado busca acumular Bitcoin y otros activos digitales como parte de una estrategia financiera pública. Por otro, ofrece condiciones energéticas más estables para una actividad que depende de altos volúmenes de electricidad.
Para ingresar al régimen especial, las empresas deberán contar con centros de datos de minería digital con al menos 150 megavatios de potencia instalada.
El programa comenzará con una cuota inicial de 300 MW provenientes de la central térmica de carbón Ekibastuz GRES-1. Esa energía será asignada bajo condiciones reguladas a los operadores que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno.
El acceso a electricidad estable aparece como uno de los incentivos centrales del esquema. La minería de Bitcoin requiere un suministro intensivo y continuo, por lo que la previsibilidad tarifaria puede ser determinante para la rentabilidad de los proyectos.
A cambio, el Estado obtiene una porción de la producción minera sin comprar directamente los activos en el mercado. De esa manera, Kazajistán busca convertir parte de la actividad productiva local en una fuente de acumulación de BTC.
El proyecto de reserva soberana prevé alcanzar entre u$s500 millones y u$s1.000 millones en activos digitales. La estrategia contempla distintas fuentes de financiamiento: la producción minera captada, fondos estatales y bienes confiscados en operativos contra actividades ilícitas.
La medida amplía una política iniciada en marzo, cuando las autoridades autorizaron la conformación de un portafolio de inversión de hasta u$s350 millones destinado a BTC y otras criptomonedas.
Esa asignación inicial surgió de la liquidación estratégica de una parte de las reservas internacionales de oro y divisas del país. Con el nuevo régimen, el Gobierno incorpora ahora a la minería digital como fuente directa para ampliar su posición en criptoactivos.
Kazajistán mantiene desde hace años una presencia relevante en la industria global de minería de Bitcoin. Su disponibilidad energética y la instalación de centros de datos especializados le permitieron convertirse en uno de los polos de la actividad.
El nuevo régimen busca integrar esa capacidad productiva con una estrategia financiera estatal. En lugar de limitarse a regular o gravar la minería, el Gobierno plantea un esquema de intercambio: energía estable a cambio de una parte de los BTC generados.
La decisión también muestra cómo algunos países empiezan a incorporar activos digitales dentro de sus estrategias de reserva. En el caso kazajo, la apuesta combina minería, política energética y administración pública de criptoactivos.
El resultado dependerá de la adhesión de los operadores, de la disponibilidad de energía y de la evolución del precio de Bitcoin. Desde agosto, Kazajistán dará el primer paso para convertir parte de su minería digital en una reserva soberana de BTC.