Edificio de la Aduana en la Ciudad de Buenos Aires.
El pasado 18 de julio, Ámbito reveló una maniobra sofisticada por la que una empresa obtenía una medida cautelar en un juzgado Contencioso Administrativo Federal para poder importar bienes con licencias no automáticas y se la cedía a otra firma -con la que no tenía relación- para liberar mercadería y obtener dólares del Banco Central, esquivando los controles de la Aduana.
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Ahora esa investigación tuvo un avance luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ), con la firma del encargado del organismo Ricardo Augusto Nissen, dispuso iniciar acciones judiciales respecto de la sociedad Yoko S.A, para la cual anunció que solicitará a la Justicia Comercial la declaración de nulidad de dicha sociedad, por considerar que la misma ha realizado actividades ilícitas que justifican la promoción de esa demanda.
La investigación de Ámbito reveló la existencia de maniobras en perjuicio del Estado nacional, efectuadas por determinadas empresas nacionales dedicadas a la importación de mercaderías y que se traducen en el “alquiler” de medidas cautelares otorgadas a una sociedad importadora, las cuales son “cedidas” o “transferidas” a otras compañías para nacionalizar ilegítimamente determinadas mercaderías importadas y percibir del Banco Central de la República Argentina el pago en dólares correspondientes a valor oficial.
En este caso, la Inspección General de Justicia procedió a investigar a las sociedades YOKO Sociedad Anónima y “T.R.O.P.E.A. SOCIEDAD ANONIMA”, dedicadas a la comercialización e importación de productos de marroquinería – entre otras actividades – llegando a las siguientes conclusiones:
La sociedad Yoko es una sociedad que carece de domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de estar inscripta ante la Inspección General de Justicia y las inspecciones efectuadas en la sede social inscripta revelaron que en ese lugar nunca funcionó ni estuvo instalada la aludida sociedad. En su sede social inscripta en la IGJ, sita en la calle General Manuel A. Rodríguez 2373 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona un local de delivery de productos sushi. Se trata de una sociedad fantasma, comúnmente denominada “sociedad desaparecida”, lo que hace imposible su ubicación para terceros y para cualquier organismo que pretenda controlarla. Esa fue la primera irregularidad tras dos visitas de los inspectores de la IGJ.
Yoko que es la sociedad que obtuvo la medida cautelar del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien ordenó liberar las mercaderías para poder importarlas sin cumplir con la normativa de la Dirección General de Aduanas en lo que se refiere al procedimiento de “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” conocido como SIMI, para –de seguido– transferirle los efectos de esa medida a otra sociedad, obligando al Banco Central a girarle a esta última los dólares correspondientes para el pago a valor oficial, es una sociedad anónima constituida en el año 1999, pero que nunca funcionó en forma legítima, pues se constituyó con un capital de pesos 12.000, que jamás aumentó, incurriendo en lo que se denomina “infracapitalización societaria”, careciendo de capital suficiente para realizar cualquier actividad en el mercado. Ello resulta sumamente perjudicial para sus acreedores, en especial cuando la sociedad se dedica a una actividad tan onerosa como lo es la importación de mercaderías del exterior, se indicó en las actuaciones de la IGJ a las que tuvo acceso este diario.
Pero, además de ello y de carecer de sede social conocida, adeuda a la Inspección General de Justicia sus estados contables desde el año 2013 y sólo en una oportunidad inscribió sus autoridades ante dicho organismo, lo que aconteció en el año 2016, “incumpliendo permanentemente con expresas normas legales”.
De acuerdo con los registros obrantes en la IGJ, se trata de una sociedad cuyos integrantes son los Sres. Marcelo Portnoy, quien es el accionista mayoritario y único director, y la Sra. Silvina Sofía Cabuli, quien es accionista minoritaria y directora suplente.
Por su parte, la sociedad beneficiaria de la “transferencia” de la medida cautelar obtenida por la sociedad Yoko SA en el mes de abril de 2021 es la sociedad denominada “T.R.O.P.E.A. SA” que, como la anterior es una sociedad constituida en el año 1989, dedicada fundamentalmente a la comercialización e importación de productos de marroquinería, pero cuyos estados contables carecen de toda credibilidad, ya que la certificación de auditor externo consiste en lo que se denomina “certificación literal”, que se encuentra prohibida por la Inspección General de Justicia. Por otro lado, su sede social inscripta se encuentra en la calle Fragata Sarmiento 1239 de esta Ciudad, que dicha sociedad ha abandonado hace muchos años, pero que no ha constituido nueva sede social ante el organismo de control.
Su “sede social”, según lo informó un encargado de la sociedad, en oportunidad de la visita de inspección realizada por las autoridades de la Inspección General de Justicia en estos últimos días, se encuentra en el local y depósito de Martínez, Provincia de Buenos Aires, esto es, fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la sociedad T.R.O.P.E.A. SA donde se llevan a cabo las reuniones de directorio y las asambleas, y que cuenta con 11 locales y más de 70 empleados, siendo la importación de productos de marroquinería una de sus más destacadas actividades.
Dicha sociedad se encuentra siendo investigada por la Inspección General de Justicia, quien le requirió la exhibición de la totalidad de sus libros societarios, para estudiar la regularidad de la actuación de sus órganos sociales, pero la existencia de “certificaciones literales” de sus balances crea una fuerte sospecha en perjuicio de la legalidad de la actuación externa e interna de dicha sociedad.
El dictamen de la IGJ es lapidario respecto a la sociedad que acudió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que a su vez prorrogó y extendió para lograr una protección judicial para importar sin control otros lotes de “SIMI” que constituyen el requisito que fija el fisco para autorizar el giro de dólares a valor oficial y permite nacionalizar los productos.
“Las gravísimas irregularidades que afectan el funcionamiento de la sociedad Yoko SA y que hoy se encuentra desaparecida, sin posibilidad de ubicación no pueden provocar sino la declaración de nulidad de la sociedad, pues una sociedad que funciona sin capital social idóneo para el cumplimiento de sus obligaciones y totalmente desproporcionado con su objeto social (...) lleva a la indiscutible conclusión que se trata de una sociedad de objeto lícito que desarrolla su actividad de forma ilícita”, concluye el dictamen de la IGJ en uno de sus párrafos más duros y que anticipa el avance de una investigación que sigue arrojando sorpresas.
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