Se lo podría llamar el voto cautivo, pero con sentido distinto del usual. Es que, por primera vez, los ciudadanos argentinos detenidos sin sentencia firme podrán votar en las próximas elecciones nacionales del 28 de octubre.
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De acuerdo con un comunicado de ayer de la Cámara Nacional Electoral, son cerca de 22.000 los procesados detenidos que estarán beneficiados por la norma. Coincidentemente, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado también ayer un proyecto de ley del diputado Gustavo Ferrari (UCR), presentado a comienzos de 2006, que reforma la ley electoral de la provincia de Buenos Aires con el mismo objetivo.
A nivel nacional, la primera vez que los ciudadanos privados de su libertad estarán habilitados a votar en una elección viene por obra de la Ley 25.858, que derogó el artículo 3 inciso «d» del Código Electoral Nacional, que excluía del padrón a «los detenidos por orden de juez competente».
El plazo de inscripción para el Padrón Especial para Procesados vence el próximo 28 de julio y son 21.817 los que en principio podrían votar en octubre. El cierre definitivo del padrón general estará listo para mediados de agosto.
Sin sustento
A nivel provincial, Ferrari declaró que la disposición contra el voto de los detenidos sin sentencia «carece de sustento, pues la inhabilitación para sufragar está prevista por el Código Penal sólo para los condenados -y por el tiempo de la condena-resultando totalmente injustificado privar de sus derechos políticos a quienes todavía no tienen esa condición, y de ahí la necesidad de derogarla».
Quedará por verse qué modalidades originales de campaña podrán diseñarse con blanco en este nuevo espectro del mercado de votos, así como los temas específicos de los reclusos que los candidatos podrían levantar en su favor.
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