Corrientes: familia de acusado de homicidio denuncia apremios ilegales y causa armada

Juan José Altamirano, alias Josele, es el único acusado del crimen de Maxi Aquino. Tras ser detenido, denunció que lo forzaron a admitir el crimen y que fue víctima de apremios ilegales en comisarías y sedes policiales. (VER FOTOGALERIA COMPLETA)

"Llegué a la Brigada y allí aplaudían todo y después ahí fue una tortura, golpe y golpe, me decían que si yo no me hacía cargo, iban a matar a mi familia o a mí y me aguanté hasta donde pude y después me culpé de una cosa que yo no hice".

Juan José Andrés Altamirano tiene 25 años. Le dicen Josele. Vive en Seminario, un barrio de la ciudad de Corrientes donde abundan las calles de tierra, los techos de chapa, el ladrillo a la vista y las casillas de madera. Vive en el mismo lugar donde faltan cloacas, agua potable y más visitas médicas. Josele está preso desde el primero de agosto de 2015. Su familia dice que lo acusan por un crimen que no cometió. Sus abogados denuncian múltiples irregularidades en el proceso penal en su contra. La Justicia correntina está a punto condenarlo a reclusión perpetua.

LOS HECHOS

Altamirano fue detenido a orillas del Río Paraná, mientras pescaba con tres colegas. La pesca era su principal actividad hasta ser encarcelado. Los policías que se lo llevaron a la Brigada ni siquiera le dijeron por qué. Unas horas antes, más precisamente entre las 6.18 y 6.20 de ese día, el estudiante de agronomía Maximiliano Rodrigo Aquino fue asesinado de 15 puñaladas en la calle.

A la salida de la tradicional peña universitaria que organiza el Club Regata, Maxi, de 21 años, fue interceptado por dos hombres encapuchados arriba de una moto. Aquino pertenecía a una familia de clase media alta del barrio San Roque. La mañana de su repentina muerte caminaba junto a Melisa Arrúa, su compañera de la facultad.

LA TESTIGO CLAVE

Melisa dio detalles en primera persona del crimen: uno de los sujetos -el que iba en la parte de atrás- se bajó, forcejeó con Aquino, lo hirió con un cuchillo varias veces, la víctima cayó al asfalto y se fugaron. Maxi se desangró en una vereda del barrio Aldana hasta que una ambulancia llegó al lugar, lo cargó malherido y lo trasladó sin suerte al Hospital Escuela General San Martín.

En su declaración testimonial, la chica negó que ella o su compañero estuvieran con celulares en las manos en el momento del ataque y aseguró que el asesino no espetó ninguna amenaza ni reclamo antes de actuar contra Maxi, como suele ocurrir en un robo. Sin embargo, a las 11 de la mañana del mismo día, al menos cinco policías provinciales embarraron sus botas por las calles del barrio Seminario y se presentaron en el hogar de Josele.

LOS ALLANAMIENTOS

- ¿Esta es la casa de José Altamirano?, preguntaron los uniformados.
- Sí, yo soy el padrastro de Josele, esta es mi casa y él vive acá. ¿Para qué lo buscan?, respondió Alejandrino Sáez, recién llegado de la iglesia.
- Estamos buscando una tele que robó, ¿estuvo robando teles anoche?
- No, imposible, si estaba durmiendo
- ¿Podemos pasar a ver?

El diálogo fue reproducido primero por la Agencia de Noticias de la carrera Ciencias de Comunicación de la UBA (ANCCOM), ratificado a este medio por dos personas que escucharon la conversación y consta en las actas policiales del allanamientos, pero no el expediente 135.251/2015, que actualmente tramita ante el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes. En esa causa, Josele figura como único imputado: está procesado y sometido a juicio "por robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa". Mató para ocultar un posible robar.

"Un plasma es lo que buscamos", insistieron los oficiales, mientras se abrieron paso por la casa rumbo a la habitación que el pescador comparte con dos hermanos discapacitados: Kevin, de 15, y Gabriel, de 11. "Anda haciendo macanas tu hijo", le apuntaron Analía, la madre. "¿Quién les dijo que Josele se robó una tele?", desafió el papá.

El allanamiento se produjo sin autorización judicial. Los padres les explicaron a los policías que Josele estaba trabajando en el río y que no había motivos para entrar a la casa y revisar las cosas. "Ya tengo el paquete", dijo que escuchó Alejandrino decir a un efectivo antes de salir del cuarto.

Cerca de las 18 del mismo primero de agosto de 2015 la Brigada de Investigaciones volvió a la casa. Esta vez mostraron una orden de allanamiento del juzgado de turno y se tomaron dos horas para revisar todo. Según contó la madre a ámbito.com, en el segundo allanamiento se llevaron algunas pertenencias de Josele, a las que les tomaron fotografías, y de un hermano. "Se llevaron un buzo de Kevin y cuando mi hijo quiso rescatarlo le sacaron un brazo de lugar", recordó Analía del otro lado del teléfono. También secuestraron una moto registrada a nombre de la mujer, la principal herramienta de trabajo familiar. (VER FOTOGALERÍA)

"No fue posible demostrar que ese hubiera sido el vehículo en el que se trasladaban el asesino y el conductor en la mañana del crimen. Ni siquiera se sabe con certeza cuál era el color o el modelo de la motocicleta, un medio de transporte muy utilizado en la ciudad", indicó el padre a la ANCCOM. "Sabía que si no los dejaba pasar la primera vez, me llevaban preso a mí, entonces les dejé entrar, no tenía nada que ocultar", agregó.

A las 3 de la madrugada del día siguiente la policía volvió a allanarlos. "Estamos buscando cuchillos", comentaron los uniformados. "Teníamos miedo, mis chicos no querían dormir. El año pasado perdieron dos meses de clases por la persecución policial. A mi hija la discriminaban en el colegio. Acá la policía es terrible, bravísima", rememoró Analía de aquella noche.

LA TORTURA

"(En la Brigada) me querían meter un palo de escoba en la parte interior del hombre y era golpe a golpe... después de ahí me trasladan a la Comisaría 4° y es como que más golpe, me golpeaban más y uno de los comisarios se puso un guante para meter su mano en parte interior de mi cuerpo y yo le decía que me deje si yo no tenía nada que ver, constantemente me tenían a los golpes".

Josele fue torturado por policías. Se lo llevaron del río y lo sirvieron en bandeja para calmar las quejas por la falta de seguridad una semana antes de las elecciones PASO, y un mes después del triunfo del gobernador Ricardo Colombi. "La detención de José fue útil para la estrategia política de dar una respuesta punitiva inmediata que aplaque la conmoción generada por el homicidio de un estudiante de agronomía", argumentaron las abogadas Verónica Gostissa y Gabriela Granada Ferreira, integrantes de Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC), que prestan colaboración con la familia del acusado.

Según denunciaron sus defensores, en la dependencia de Investigaciones Josele fue sometido a malos tratos, abuso sexual y vejaciones. El día de la detención, lo recibieron entusiastas, como esperándolo. Lo primero que hicieron fue colgarlo de un brazo en medio de un patio carcelario para flagelarle la planta de los pies y otras partes del cuerpo. Lo increparon a los gritos, lo golpearon en el rostro, le exigieron que se "haga cargo" del crimen del estudiante y le sumergieron la cabeza en un balde con agua. Josele fue víctima del Submarino. Pero además, Altamirano vio cómo un policía descabezó a un muñeco y amenazó con hacer lo mismo a sus papás, a sus hermanos. Empecinado en no confesar la autoría del hecho, los policías se empecinaron con él, lo encerraron en un cuarto, lo obligaron a desnudarse y lo abusaron. Todo el relato consta en la causa 135.251. Lo declaró el 18 de agosto en el juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas. Tras hablar a solas con el comisario durante varios minutos, Josele se dejó filmar con un celular y se inculpó.

EL VIDEO

- ¿Y a qué hora era eso?
- Temprano habían dicho.
- ¿A qué hora?
- Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era.
- Once, diez ¿de la noche? No, a qué hora le mataste al pendejo, boludo. No era esa hora.
-Más temprano, era eso de las seis, siete de la tarde, ocho de la noche.
- No, esta madrugada era, ¿vos ni te acordás a qué hora era?
- No, no.
-Hoy a la mañana era que hiciste eso vos, boludo. Esta mañana fue.
- De tan perdido que estaba ni me acuerdo.
- Pero ¿vos le hincaste o no te acordás? Vos eras el que le hincaste, vos eras el que te tiraste de la moto porque ahí tenemos la filmación.
-Si, si, si. Me lo mostraron...

Lo único que le habían mostrado a Josele era la fuerza policial. Días después de la captura, la policía correntina difundió a los medios y por las redes sociales un video casero donde se ve al sospechoso vestido con una chomba blanca y verde agua, un jean azul gastado, zapatillas grises, un ojo morado y el brazo izquierdo esposado a un silla de madera, interrogado por un efectivo. "En el establecimiento, personal policial filmó a Altamirano declarando de forma absolutamente irregular e ilegítima, en plena violación de las garantías previstas en la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional", subrayaron las abogadas.

"Se oye a un policía efectuando preguntas inducentes, que contienen la respuesta, a fin de inculparlo del delito que no cometió, obligando a Altamirano a declarar contra sí mismo a partir de maniobras persuasivas y de hostigamiento. A primera vista, se puede advertir la violación de principios y garantías fundamentales que deben existir en toda instancia de un proceso judicial", agregaron.





El video no fue tenido en cuenta como prueba judicial, pero su testimonio ante la jueza González Cabañas derivó en una denuncia por apremios ilegales en el juzgado N° 4, que recayó en manos del fiscal Buenaventura Duarte, "Cacho" para los amigos.

De la Brigada lo llevaron a la Comisaría 4° y de la Cuarta a la 8°. "Me torturaban y querían que yo me haga cargo", insistió en su declaración. "El médico me miró no más, me hizo levantar la ropa y bajar el pantalón...tenía todo en sangre todo el pie, me pusieron una picana y me hacían temblar un rato, yo estaba colgado primero de la mano y me picaneaban y después me bajaron y me dejaron tirado ahí un rato y uno me ponía el pie en la carretilla y me pisaba y después me colgaron del pie y ahí de nuevo me picaneaban...", describió.

Ante los graves dichos, "Cacho" solicitó al Instituto Médico Forense del Poder Judicial provincial un examen médico para verificar lesiones en la vía anal. El estudio dio negativo. Luego, el fiscal ordenó otra exploración médica para corroborar la existencia de las lesiones corporales. También dio negativo.

Pero la defensa de Josele encontró en el expediente un informe del 6 de agosto del médico perito de Jefatura de Policía, Raúl Vallejos, quien luego de examinar a Altamirano informó: "Hematoma en la región del epigastrio de 6 cm de diámetro de color morado verdoso y hematoma en la región del muslo derecho tercio medio cara anterior de color morado verdoso de 2 cm de diámetro, lesiones compatibles con las producidas por o contra objeto romo y duro. Tiempo de curación salvo complicaciones 10 días...", o sea hasta el 16 de agosto. Los exámenes con resultado negativo que pidió Duarte fueron fechados el 21, mientras que el informe positivo de Vallejos nunca llegó al juzgado N°4. A los pocos días, "Cacho" desestimó la denuncia por torturas y vejaciones y recomendó el archivo de la denuncia por apremios.

"A pesar que dicho video no fue incorporado en la causa, es prueba fehaciente de una manifiesta ilegalidad que no quedó únicamente reservada al lugar de detención sino que se viralizó en diversos medios digitales", manifestó la abogada del Observatorio, Gabriela Granada a ámbito.com.

Analía y Alejandrino no se quedaron de brazos cruzados. Presentaron sin demasiado éxito varios habeas corpus para protegerlo, escribieron cartas al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, a la jueza González Cabañas y al gobernador Colombi. Todas fueron ignoradas. Los escritos fueron elaborados por abogados contratados con los pocos ahorros familiares y algunas pertenencias subastadas y por los defensores oficiales que no supieron o quisieron tomar el caso. En la mayoría de las presentaciones, los padres de Juan José alertaron sobre el abuso, el maltrato físico y psicológico y las vejaciones, como cuando lo obligaron a "lamer" la ropa de su supuesta víctima. Pero también ponían en duda la recolección de las pruebas con las que hoy se lo juzga a su hijo, y por las cuales, podría ir a la cárcel el resto de su vida.

LA PRUEBA I (EL PANTALÓN)

Los defensores y la familia de Juan José están convencidos que no existen elementos probatorio suficientes como para condenarlo. "No hay ninguna prueba contra él. La prueba de ADN fue plantada. Ninguno de los testigos que declararon aportó nada. La mayoría de los testigos dicen que los delincuentes llevaban ropa deportiva y de acá se llevaron un jean, le implantaron una gotita (de sangre). No puede ser que una persona que se desangró manchó solo una gotita", subrayó Analía.

El pantalón despierta varias sospechas. La pericia oficial a la que accedió este cronista fue firmada por la bioquímica Gisela Grieco Barrionuevo. En el punto de interpretación del resultado la especialista confirmó que en la revisión macroscópica "exhibe manchas de color pardo rojizo" y que la reacción con productos químicos también fue positiva, aunque aclara: "Para presencia de Sangre, insuficiente cantidad para determinar Especie y grupo y cotejo". En ese mismo acto, la perito de la División Química Legal pidió "preservar" el pantalón para "eventual análisis genético (determinación del ADN)". (VER FOTOGALERÍA)

Cuando los policías se cargaron la prenda no fotografiaron las dos manchas de sangre. Solo capturaron una imagen del plano interno del bolsillo del jean, pero no se ve la parte externa de tela, esa que se recortó para cotejar el ADN. La prenda fue trasladada a la Justicia, pero nadie labró ni firmó el acta de cadena de custodia de la prueba. El pantalón del pescador tenía pequeños dos rastros de sangre humana y otras de animal. Una de las humanas era compatible con el perfil genético de Maxi y así lo destacó la familia de Aquino, que no dudó en apoyarse en ese elemento para salir a reclamar Justicia por las calles. Lo que la Justicia no pudo determinar fehacientemente es de quién es el pantalón, porque en la muestra no hallaron ADN del imputado. "El/los otro/s aportante/s del material genético hallado en PANTALÓN DE JEAN (Muestra N° 2 Pericia 297-QL/15) es/son desconocido/s pues no se han remitido muestras de referencia para su comparación", determinó la doctora forense Inés Matilde Carranza, del Laboratorio de Biología Molecular. Según la madre del acusado ese jean es dos o tres talles más grandes del que usa su hijo para ir a tirar la caña al río.

Las asesoras legales del OPPLEC remarcaron otra falta al Código Procesal Penal correntino, que podría desestimar el pantalón como prueba clave en el juicio oral: la prueba pericial debe ser controlada por todas las partes del proceso. En este caso, no se notificó a la defensa sobre la realización de la primera pericia para determinar tipo y grupo de sangre y no existió opción para presentar un perito de parte que observe el examen genético. "La defensa no tuvo oportunidad de controlar la única prueba pericial que lo incrimina", afirmaron.

Tampoco se realizó la pericia de ADN en gasas e hisopos con sangre que fueron recolectados en el lugar del crimen, ni se analizó el hisopado subungueal que se efectuó a Maxi en la morgue judicial, ni los rastros que se descubrieron debajo de la uñas del estudiante luego del forcejeo callejero. Estas irregularidades en el proceso no serán tenidas en cuenta por los jueces del TOP al momento de juzgar al acusado porque la familia de Juan José no aportó a la pesquisa un perito de parte por no contar con los recursos económicos suficientes. La venta de los muebles y la canoa no alcanzó. "La defensa de Altamirano fue sumamente irregular, varios de los que fueron sus abogados durante el proceso de instrucción renunciaron a la defensa de manera intempestiva. Tal es así, que no hubo prueba ofrecida por la defensa, ya que se vencido el plazo judicial sin que se cumpla este acto procesal", señaló Granada y Gostissa a este medio.

LA PRUEBA II (LAS CÁMARAS)

En el cuarto día del juicio contra Josele el Tribunal Oral mostró 40 minutos de una grabación capturada en la calle Uruguay al 300, donde Maxi fue atacado a cuchillazos. A las 6.18 se los ve a Melisa y Maxi caminando sentido contramano. Un instante después una moto con dos ocupantes encapuchados les pasa por al lado. Poco después, los delincuentes regresan a toda velocidad, uno se baja, forcejea y lo apuñala. La ambulancia llegó 6.39. (VER FOTOGALERÍA)

Facundo Ojeda estuvo en la peña del Regatas. Fue el primero en auxiliar a Maxi y Melisa, aunque no pudo evitar la constante pérdida sangre. "La chica me decía: 'Fue culpa mía, fue culpa mía, él mi quiso defender'". Además dijo que al salir de la fiesta junto a otro compañero vio a dos hombres "encapuchados" con ropa deportiva abordo de una moto oscura de 110 centímetros cúbicos. Ojeda declaró como testigo, aunque no identificó a Josele.

Adriana, otra estudiante testigo, también dio su testimonio bajo juramento. Aseguró que en Corrientes es "común" escuchar la estela de ruido de los caños de escape los sábados a la madrugada y que "no se veía nada" cuando llegó a la escena del crimen para responder a los gritos de auxilio de Melisa.

En la audiencia, los dos jóvenes coincidieron en que la ropa y el cuerpo de Aquino estaban impregnados de sangre (VER FOTOGALERÍA). Según Granada, estas declaraciones generaron "dudas" en la Fiscalía y el Tribunal, que pidieron la declaración para esta semana de la médica forense que realizó la autopsia. "Si, conforme a los testimonios, Maximiliano habría perdido tanta sangre por las heridas perpetradas por el autor del hecho, como es que da positivo para sangre de la víctima el pantalón secuestrado en casa de Altamirano que tiene dos manchas muy pequeñas en el bolsillo interno", se preguntaron en la defensa.

Al término del cuarto día de juicio, el abogado Hermindo González, defensor oficial asignado al presunto homicida, dijo a una radio local que el video "aporta muy poco sobre la producción del hecho que se investiga" y ratificó que "no hay pruebas de cargo" contra Josele, lo que "le deja muy buenas expectativas" respecto de la posible sentencia.

LA PRUEBA III (EL CUCHILLO)

El juicio oral comenzó el 24 de agosto. Por el estrado, ya desfilaron varios testigos, pero ninguno aportó un dato o alguna información que vincule directamente a Josele con el homicidio de Maximiliano. El móvil sería el supuesto intento de robo de uno o dos celulares. Lo que nunca apareció fue el puñal. "No hay arma secuestrada. En el allanamiento en la casa de Altamirano recolectaron un cuchillo, pero dio negativo para sangre y fue desvinculado", aseveraron desde el OPPLEC a ámbito.com. (VER FOTOGALERÍA)

En rigor, del barrio Seminario la cabo Yanina Cantero recolectó un "cuchillo con mango de madera, tres remaches, marca Kochmesser Stainless Strees Desiend In Germany". Al examinarlo, la bioquímica Grieco Barrionuevo afirmó que "no exhibe manchas de coloración pardo rojiza" y aclaró que "no se pudo comparar el cuchillo con la muestra de la víctima del hecho porque no se encuentra con material indubitado". Los defensores recuerdan que en Derecho penal hay sobrada jurisprudencia que establece que una condena carece de sustento legal porque no se probó el robo ni se encontró el arma homicida.

LÍNEAS INVESTIGATIVAS

Josele participa de todas las audiencias. "Se siente un poco mal porque lo quieren condenar por algo que no ha cometido", insiste la mamá, a la vez que propone reconstruir otra vez el día de la detención para saber lo que realmente pasó. Fuentes de la investigación que pidieron reserva de identidad confirmaron a este medio que la policía dio con Juan José luego de recibir una denuncia anónima de un habitante de Cichero, otro barrio humilde de la periferia correntina. Ese testimonio oculto, de una persona desconocida, incapaz de ser interrogada, fue la piedra fundacional de la investigación. Desde allí partieron las sospechas, que en un principio no solo recayeron sobre Altamirano.

En las audiencias el Tribunal Oral tampoco aceptó un planteo de los abogados defensores para declarar nula la detención. Los magistrados esgrimieron que eso era imposible porque cuando los efectivos se lo llevaron del Paraná el defensor oficial de ese momento no objetó la forma ilegal en que fue aprehendido y que ahora ya era tarde para hacerlo. Ignoraron además nuevos testimonios, escuchas telefónicas autorizadas por vía judicial y mensajes de WhatsApp intervenidos que abren otras hipótesis criminales, que conducen a otros sospechosos o presuntos homicidas. Los datos del anónimo que figuran en el expediente 135.251 vinculan al ataque a Ariel Molina, otro joven que fue detenido al mismo tiempo que Josele, que también sufrió torturas en la comisaría en busca de una confesión y que rápidamente fue liberado sin cargo y culpa.

Un testimonio clave que quedó trunco lo protagoniza un vecino de la familia Saéz Altamirano. El día del crimen, Analía, Alejandrino y el vecino compartieron juntos el desayuno. Los tres vieron a Josele despertarse, vestirse y dirigirse al río en busca de una presa. Se saludaron, se desearon buen día. La palabra de ese vecino, que estaba estipulado como "optativo" según la necesidad de su declaración durante el debate, fue considerada por los jueces del Tribunal como "innecesaria" y se negaron a escucharlo.

EL JUICIO FINAL

Las abogadas de OPPLEC y el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) se interiorizaron del caso después que cerró la instrucción. Ahora, buscan que sus opiniones externas sean tenidas en cuenta. "La causa presenta motivos suficientes para requerir a las autoridades jurisdiccionales especial énfasis en el control de legalidad de la investigación y el respeto del debido proceso, a fin de echar luz sobre aquellos hechos confusos arbitrando los medio necesarios". Por ese motivo, solicitan al Tribunal que "preste especial atención" al alegato de González.

Para el próximo 21 de septiembre fue citada a declarar la médica forense. Para el 28 está previsto la lectura de la sentencia. La defensa ya anticipó ya si hay condena contra Josele apelarán hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación. El fiscal ya manifestó que pedirá cadena perpetua para el imputado.

La mamá no pierda la esperanza. "La justicia está detrás de todo esto. El Poder Judicial sabe quién son los verdaderos delincuentes y los policías implicados. La Justicia está manejada por el Poder y el contrabando. No veo la hora de que a Josele le den la libertad, irnos de acá. Estamos amenazados de muerte por la policía y los delincuentes. Lo quieren condenar sabiendo que no es. Pido ayuda a la Nación".