La causa investiga el vínculo de los magistrados con el narcotráfico. Además investigan un presunto lavado de dinero de empresas.
Un arrepentido complica al exjuez Bailaque.
La causa que investiga una presunta trama de corrupción judicial vinculada al narcotráfico en Rosario sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave. Gabriel Mizzau, contador del exjuez Marcelo Bailaque y del narcotraficante Esteban Alvarado, decidió convertirse en arrepentido y aportó información sensible sobre el patrimonio del exmagistrado y el presunto lavado de dinero de empresas ligadas al capo narco.
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La declaración se produjo pocas horas antes de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Noción defina si impulsa el juicio político contra el juez Gastón Salmain, otro magistrado rosarino procesado por corrupción.
La figura de Mizzau se convirtió en una pieza central de la investigación judicial que desencadenó en el descubrimiento de los hechos delictivos.
La situación de Bailaque comenzó a complicarse seriamente a mediados de 2024, cuando trascendió que el hijo del contador de Alvarado trabajaba dentro del juzgado federal encabezado por el magistrado, justamente mientras ese despacho debía investigar al líder narco rosarino.
Los fiscales federales ya habían denunciado en 2019 a Bailaque por supuesta obstrucción de la investigación contra Alvarado.
Posteriormente descubrieron que Mizzau no solo manejaba las cuentas del narcotraficante sino también las del propio juez.
Según trascendió, Mizzau reconoció ante fiscales federales haber realizado tareas de asesoramiento contable entre 2014 y 2018 para las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL.
Ambas compañías estaban vinculadas a Alvarado y, según la investigación, eran utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
El contador también admitió haber manipulado balances y estados financieros para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Además, aportó “información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, considerada clave por los investigadores para profundizar la causa.
A cambio de su colaboración, el Ministerio Público recomendaría una pena de tres años de prisión condicional.
El exjuez Bailaque está acusado de:
Todo ello dentro de lo que los fiscales describieron como una estructura de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El exmagistrado quedó a un paso del juicio oral y los fiscales ya adelantaron que pedirán una condena de 10 años de prisión.
Bailaque presentó su renuncia el año pasado para evitar el juicio político. La dimisión fue aceptada por Javier Milei y desde entonces permanece bajo prisión preventiva.
Para ese momento, los fiscales federales de Rosario junto a la PROCUNAR y la PROCELAC ya habían profundizado la investigación gracias a información obtenida del celular del exmagistrado.
Uno de los primeros en colaborar fue Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario, quien confesó cómo se habría armado desde el juzgado de Bailaque una causa destinada a extorsionar financistas.
Según Vaudagna, en esas maniobras participaron el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei. Todos ellos terminaron procesados.
Posteriormente, Whpei también pidió convertirse en imputado colaborador y aportó información sobre otra maniobra que involucraría al juez Gastón Salmain.
De acuerdo con su declaración, Whpei gestionó a través de Busaniche una medida cautelar favorable para una empresa que necesitaba acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández.
A cambio, según la investigación, Salmain habría recibido una coima de u$s200.000 que lo deja comprometido en la causa.
Actualmente, Salmain permanece procesado y con prisión preventiva confirmada, aunque la medida no pudo ejecutarse debido a sus fueros como magistrado.
Este miércoles, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá desde las 10.30 para definir si aprueba el dictamen que recomienda enviarlo a juicio político. La semana pasada, el juez expuso ante los consejeros para defenderse de las acusaciones.
Además de la causa vinculada a presuntas coimas, Salmain enfrenta otro cuestionamiento delicado: haber omitido antecedentes disciplinarios durante el concurso para acceder a la magistratura federal.
Según la investigación, no declaró que en 2002 fue expulsado del Poder Judicial tras ser acusado de ofrecer una coima a una empleada judicial para alterar un sorteo en el fuero de la seguridad social.
Ante los consejeros, el magistrado justificó la omisión señalando que aquello había ocurrido “hace mucho tiempo” y que no se lo habían consultado específicamente.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura es presidida por el consejero Alberto Maques y está integrada además por: Alvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
La definición sobre Salmain podría convertirse en otro paso decisivo dentro de una de las investigaciones más sensibles sobre corrupción judicial y narcotráfico en Rosario.