El jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rohde y el ministro José Pampuro deslindaron responsabilidades por el contrabando de cocaína.
El ministro de Defensa, José Pampuro, admitió ayer que «pudo haber alguna responsabilidad individual» dentro de la Fuerza Aérea en el tráfico de 60 kilos de cocaína a España en un avión de Southern Winds. El gobierno, a través de Pampuro, por lo menos de momento respaldó a la cúpula de la institución, aun cuando el propio director de la Policía Aeronáutica admitió serias limitaciones para controlar el narcotráfico por escasez de recursos.
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Estas declaraciones seguramente suscitarán más suspicacias en el exterior y especialmente en EE.UU. sobre las condiciones de los aeropuertos argentinos, los cuales fueron bajados de categoría por ese país hace casi dos años debido a falencias en la seguridad. En rueda de prensa, que convocaron Pampuro y el titular de la Fuerza, Carlos Rohde, el director de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), Miguel Giaisgischia, dijo que lo ocurrido en setiembre pasado con el cargamento de cocaína es «responsabilidad absoluta» de la línea aérea que despachó el equipaje y calificó a sus empleados como «traidores».
Subrayó que «SW tiene contratado a una empresa de vigilancia que ese día tenía destacado personal capacitado para detectar mercancías peligrosas, armas y explosivos», en referencia a la compañía Tas. Al detallar las limitaciones de la PAN, Giaisgischia acentuó la sensación de la falta de controles elementales. Aunque dijo que el papel de la Policía Aeronáutica es vigilar a las compañías privadas de seguridad, atribuyó implícitamente a la escasez de personal propio el hecho delictivo. Dijo que «el personal de narcotráfico de la PAN en Ezeiza está integrado por doce personas».
Añadió que «con ellas hemos incautado 260 kilos de droga», y señaló que «es una estadística para tener en cuenta». Después subrayó «la fuerza hace lo que puede con los medios que tiene» y opinó que la institución «fue víctima del desguace estatal de los '90».
• Distintos niveles
También aseguró que «la lucha por la seguridad en aviación, es decir, para que no pasen explosivos ni armas a los vuelos, se hace a ciento por ciento, y en la lucha contra el narcotráfico, con los escasos medios que tenemos, estamos logrando excelentes resultados». Admitió que la PAN sólo escanea 30% de los equipajes. Más cauteloso, Rohde explicó que por pedido del gobierno se realiza una «investigación interna» en la Fuerza Aérea y que por ese motivo se separó preventivamente del cargo al jefe del aeropuerto de Ezeiza, el comodoro Alberto Beltrame, padre de Walter Beltrame, empleado de SW y prófugo de la Justicia.
Por su parte, el juez Carlos Liporace señaló que intenta determinar si personal de la PAN tuvo algún grado de connivencia con las operaciones de narcotráfico, ya que en su entender es «evidente» que existía «una organización dedicada a embarcar bultos sin el control aduanero correspondiente». El juez también habló de «una conexión local y una extranjera muy afinada».
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