Un proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia recibió dictamen favorable en la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados.
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La iniciativa fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes del niño Lucío Dupuy, de 5 años, por el que está siendo juzgada su madre y su pareja.
El texto que fue presentado en diciembre de 2021 fue aprobado durante la reunión de la comisión que preside la diputada Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), con la presencia de familiares del niño asesinado en noviembre pasado.
Reyes explicó que se trata de un plan federal de capacitación en derechos de niños que "ha sido producto de un trabajo de consenso y acuerdo de bloques".
"Se ha puesto toda la voluntad para avanzar en un programa consensuado que de respuesta sobre la necesidad de capacitar y concientizar a quienes están trabajando en materia de derechos de niñez", dijo Reyes y pidió que quienes trabajan con niños y adolescentes "deben ser lo más cercanos y empáticos posibles a todos los problemas que los atraviesan".
Lucio Dupuy fue asesinado a golpes el 26 de noviembre último y por el hecho fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.
La presentación del proyecto de ley, cuya autoría corresponde al diputado pampeano del PRO, Martín Maquieyra, recibió el apoyo de todos los sectores políticos.
En uno de sus once artículos, la iniciativa establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De acuerdo con el proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la justicia.
Maquieyra expresó que "esta ley es producto del dolor que han sufrido por la pérdida de Lucio y de la batalla que están llevando adelante" sus familiares. "Se trata de una capacitación a todo el personal para que no pase nunca más lo que sucedió que alguien no denuncie y que tenga temor. Lucio pasó cinco veces por centros asistenciales y nunca se alertó", añadió.
También se busca, dijo, que bajo reserva de identidad, la ciudadanía se anime a denunciar ante la detección de signos de maltratos en la infancia y la adolescencia.
Desde el Frente de Todos, la diputada Paola Vessvessian (Santa Cruz), consideró que "el tema de las alertas tempranas es un tema a trabajar porque en temas de violencia es clave" y sostuvo que el plan "rescata el derecho fundamental del niño a ser oído". "Además, insta a la participación activa y rescata el rol del Consejo Federal de la Niñez", subrayó.
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