La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene nuevas tarifas en la provincia de Buenos Aires y los conductores ya deben afrontar el incremento del 17,56% que había quedado pendiente desde julio.
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La actualización postergada ya se aplica en las plantas habilitadas, con valores distintos según cilindrada, peso y destino de cada unidad.
El servicio contempla requisitos particulares para unidades destinadas al traslado de pasajeros y otras actividades comerciales.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene nuevas tarifas en la provincia de Buenos Aires y los conductores ya deben afrontar el incremento del 17,56% que había quedado pendiente desde julio.
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La suba comenzó a aplicarse el 15 de octubre, luego de que venciera el período de congelamiento acordado entre el Gobierno bonaerense y las empresas concesionarias del servicio.
Con el nuevo esquema, los propietarios de automóviles particulares de hasta 2.500 kilos deben pagar $114.105,99 por la inspección, IVA incluido. El importe anterior era de $97.057,65, de manera que la diferencia supera los $17.000 por vehículo. La modificación también alcanza a motocicletas, unidades de mayor porte, remolques y acoplados.
El incremento que comenzó a regir en octubre no surgió de una decisión adoptada de manera repentina. La actualización tarifaria estaba prevista originalmente para julio de 2026, pero las autoridades provinciales y las cámaras empresariales acordaron postergarla durante 90 días.
La suspensión fue parte de un entendimiento entre la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y las empresas concesionarias, con el objetivo de evitar que el ajuste impactara de inmediato sobre los usuarios. Durante ese período, la tarifa básica para los automóviles particulares permaneció en $97.057,65.
El acuerdo transitorio llegó a su vencimiento a mediados de octubre y, desde el día 15, comenzó a aplicarse el nuevo cuadro de valores. La resolución que autorizó el cambio fue firmada por el Ministerio de Transporte bonaerense el 14 de octubre y publicada al día siguiente.
Uno de los aspectos centrales del mecanismo tarifario es que el valor de referencia se encuentra vinculado con los costos laborales del sector. La tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, contemplado en el convenio colectivo firmado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).
El valor que debe abonarse depende de la categoría del vehículo. La diferencia más importante está determinada por el peso, la cilindrada y el tipo de rodado. Para los autos particulares livianos, la nueva tarifa supera los $114.000. El cuadro vigente desde el 15 de octubre quedó conformado de la siguiente manera:
El incremento no afecta de la misma manera a todos los propietarios. En las motocicletas, por ejemplo, la cilindrada determina tres escalas diferentes. Una unidad de hasta 200 centímetros cúbicos tiene un costo de $45.642,40, mientras que una moto de más de 600 cc llega a $91.284,79.
La diferencia responde a la clasificación prevista para el servicio de inspección. Por eso, antes de solicitar un turno, es conveniente verificar qué categoría corresponde al vehículo y evitar tomar como referencia el precio de otra cilindrada.
En el caso de los vehículos pesados, la tarifa asciende a $205.390,78 cuando superan los 2.500 kilos. Se trata de un monto considerablemente mayor al de los autos particulares, una distinción que también alcanza a los rodados destinados al trabajo y al traslado de mercadería.
Los remolques y acoplados tienen sus propios valores. Los que no superan los 2.500 kilos pagan $68.463,59, mientras que aquellos que exceden ese peso deben abonar $102.695,39.
El nuevo cuadro tarifario también contempla situaciones particulares para determinados vehículos que tienen un uso comercial o prestan servicios de transporte.
Entre los beneficios que continúan vigentes se encuentra una bonificación del 50% para taxis, remises y vehículos de transporte escolar, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa.
Esto significa que no todos los titulares deben afrontar necesariamente el mismo importe que un particular de idéntica categoría. La actividad declarada y la documentación que acredita el destino del vehículo pueden modificar el monto final.