El accidente ferroviario originó una fuerte polémica entre la empresa TBA que preside Claudio Cirigliano -la heredó del polémico Sergio Taselli- y el gremio de la Fraternidad que nuclea a los maquinistas. También desde el gremialismo se disparó contra la política de concesiones de los servicios ferroviarios que lleva adelante el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por el sonado caso de contrabando de drogas por Souther Winds.
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Jorge Molina, gerente de comunicaciones de TBA, culpó al conductor del tren que iba hacia José León Suárez porque (aparentemente) «no habría respetado las señales de precaución». Para Molina, el choque «no fue muy violento» porque a esa altura las formaciones ferroviarias «no van a mucha velocidad» aunque el tren en movimiento se habría desplazado a unos 40 kilómetros por hora.
El vocero de la empresa indicó que en el lugar donde se produjo el accidente se estaban realizando «tareas de cambio de tecnologías de vías» por lo que no se están utilizando todos los carriles por los que habitualmente se movilizan los diferentes ramales.
Otro vocero de TBA, Gustavo Gago, señaló que «el sistema de señalamiento funcionaba bien sin que tuviera incidencia en el choque ya que no tuvimos que hacer ningún tipo de reparación en el mismo».
Al cruce le salió Horacio Caminos, secretario de prensa de La Fraternidad, quien afirmó que las declaraciones de Molina son «negligentes y oportunistas» y lo calificó de «irresponsable» porque «automáticamente de conocerse el hecho culpa al maquinista cuando no están instrumentadas las pericias sobre la falla». Este gremio denunció que «70 por ciento del parque automotor y las inversiones que TBA opera son deficitarias porque no aplica la política de subsidios que el gobierno destina».
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